El presidente de la Asociación
de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), José
Manuel Galindo, ha declarado, en un encuentro sectorial de
Vivienda organizado por la revista Metros 2, que la “verdadera
dimensión” del ajuste en el sector residencial se
conocerá cuando “se purgue todo el stock” de pisos que
hay actualmente, proceso que según este dirigente patronal,
podría durar tres o cuatro años. Hablamos de la comunidad
autónoma que por razones obvias es la más pujante de
España, es decir, una comunidad con una fortísima
corriente de inmigración, una población rejuvenecida, y
una notable actividad industrial y de servicios, que garantiza que a
pesar de la crisis va a mantener la actividad.
Junto a Galindo intervino la
ministra Beatriz Corredor, que ha planteado de manera cruda a los promotores
inmobiliarios que el Estado no puede hacerse cargo de los costes de
lo que ha calificado de necesaria “autorregulación” del sector,
para hacer frente a los inevitables daños “sociales” de la
crisis, dada la evidente cascada de despidos que se prepara, ante lo
que ya no puede negar nadie, a pesar de los esfuerzos del gobierno y
los medios de comunicación, para disimular lo que es ya ni
más ni menos que un crack.
Afirmó el presidente de la
patronal madrileña, que si se inician menos viviendas ahora, se
dará salida antes al stock de todo lo que se
promovió en los últimos años de locura
especulativa, animada por una legislación hecha a medida de la
recalificación y el pelotazo inmobiliarios, por lo que
según este portavoz del sector, si se construye menos, el ajuste
“puede durar menos”, pero ha comentado que “eso afectará
negativamente a la creación de riqueza, reducirá la
aportación del sector al PIB e influirá en la
pérdida de empleo”.
Ésa es la dura realidad.
En Asturias nadie ha puesto
todavía esa realidad encima de la mesa, pues
sistemáticamente se ha venido ocultando, a través de la
prensa, la evidencia de que aquí también hay un enorme stock
de vivienda vacía -enorme para nuestra dimensión-, en
todas las áreas residenciales de la zona central de Asturias, y
sin embargo, el gobierno sigue impulsando operaciones como la de Prado
de la Vega en Oviedo, la de la llamada Isla de la
Innovación en Avilés, o las de Roces, Granda,
Castiello o Cabueñes en Gijón, por citar algunas de las
más importantes que se encuentran en sus inicios en las grandes
ciudades, pero que no son más que una parte de todo lo que se
pretendía construir en Asturias -procesos concursales como el de
Urazca en La Manjoya, Oviedo, ya deberían haber
encendido todas las alarmas-, que nos anuncia un escenario de grandes
solares y estructuras con encofrados desnudos e invadidos por el
óxido de la ferralla y el abandono, como monumento a la
venalidad cleptomaníaca de nuestra clase dirigente.
Una empresa pública, Sogepsa,
ha llevado la iniciativa de buena parte de las promociones en marcha, y
ha canalizado grandes aportaciones de capital público en lo que
ha sido un proceso dirigido desde la política, en coyunda
promiscua con los mayores grupos económicos de la comunidad. El
dinero público se ha despilfarrado a manos llenas en la
expropiación de terrenos, en los gastos de urbanización y
en las subvenciones para la construcción y compra de vivienda
que se suponía social, pero que no era ni más ni menos,
en su inmensa mayoría, que vivienda libre travestida como
vivienda social, al otorgársele lo que se llama “algún
tipo de protección”, al final dinero al bolsillo de los
promotores que conseguían así hacer más atractivo
el producto al comprador, consiguiendo un mayor margen de beneficios.
¿Va a tener alguien la
decencia de explicarnos ahora cuál es el stock de
vivienda vacía que hay en Asturias? ¿Va a decir alguien
cuánto hay que esperar para que ese stock se absorba,
teniendo en cuenta que aquí la población está
envejecida, que no hay inmigración y que los centros de las
ciudades están tan llenos de vivienda antigua vacía como
Madrid?
No hay muchas esperanzas de que
las cartas se pongan de una vez sobre la mesa, puesto que encima esta
crisis nos coge con la industria tradicional medio destruída,
con los astilleros de Gijón en una quiebra inducida para generar
suelo industrial, con la comunidad autónoma empufada hasta las
cejas para impulsar la operación especulativa de Prado de
la Vega a cuenta de la construcción del nuevo HUCA, y con
el estúpido sueño de generar plusvalías en El
Cristo para financiar la vorágina loca en la que se ha
convertido la sanidad asturiana, abandonada a su suerte en lo que es ya
el decrépito conjunto hospitalario de Buenavista Oviedo, en
el que hace años que no se invierte un euro porque todo
está a la espera de un traslado que cada vez se aparece como
más irrealizable. Los hospitales se caen, mientras la estructura
de La Cadellada se convierte en todo un icono del latrocinio hecho
política pública.
Para terminar de completar el
cuadro, la única iniciativa “industrial” que ofrece el gobierno,
ante el brutal impacto del frenazo inmobiliario que ya nadie puede
discutir, y que aquí llega más despacio, es la
construcción de cincuenta parques eólicos que funcionan
solos, un sinfín de centrales de ciclo combinado de
gestión automatizada, y una política portuaria volcada en
los graneles de carbón y en el gas licuado, que como todo el
mundo sabe no necesitan apenas mano de obra.
Y la oposición desaparecida
en combate. Del PP ni se sabe nada ni se le espera, e Izquierda Unida,
que aprobó en Consejo de Gobierno la Estrategia
Energética que denominan plan industrial, tuvo la cartera de
Vivienda en la última legislatura, en la que Laura
González fue la gran animadora de la inversión
en vivienda “con algún tipo de protección”.
¿Qué hacemos? ¿Cerramos las instituciones y
tiramos la llave al mar?
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