Los políticos que maquinaron contra Carnero y Morala, cegados por el ánimo depredador, destruyeron una industria que se recupera en el resto de España

Tenemos campaña en Escandalera, intentando llevarnos por el camino que nunca vamos a tomar.

Aquí ni ponemos ni hemos puesto en cuestión la resolución judicial adoptada por el Juez Lino Mayo Rubio, en el procedimiento contra los sindicalistas Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero, en el que ya es conocido como el Caso Morala y Carnero. Aquí hablamos de política, no desacatamos las sentencias de los jueces, puesto que el ámbito en el que deben dirimirse tales cuestiones es el del propio sistema judicial, en el que hay un largo camino de recursos, que es donde se deben plantear las evidentes discrepancias que tienen los afectados -discrepancias ampliamente compartidas por numerosos ciudanos que tienen ojos para ver-, sobre los elementos materiales de prueba utilizados para elaborar una sentencia, que como toda obra humana, es siempre discutible desde el respeto. Quienes están intentando crear tal debate en Escandalera pierden su tiempo. Nuestro respeto por jueces, fiscales y funcionarios de policía es total. El respeto, amigas y amigas, es siempre compatible con el acatamiento de una sentencia y con la discrepancia respetuosa con sus contenidos que manifiestan los contertulios sorprendidos con el vídeo elaborado por la Policía, en el que se ve que el célebre cajetín semafórico sigue mostrando su integridad tras la supuesta voladura, por lo que parece lógico pensar en un error de apreciación, sobre unos hechos que sin duda van a volver a ser analizados, por personas expertas, en los tribunales.

Es en cambio, en el terreno de la política, en donde sí creemos que se debe discutir el procedimiento seguido para que se haya llegado a dictar esa sentencia, puesto que no existen unos hechos delictivos que produjesen en su momento la detención y puesta a disposición de la Justicia de unos encausados que de haber volado un cajetín con explosivos, habrían sido inmediatamente llevados a comisaría, en lo que sería un procedimiento

creible, sino que el origen del procesamiento de Carnero y Morala, se encuentra en una confusa instrucción de la Delegación del Gobierno a la Policía para que filmase una movilización sindical, documentada con una solicitud de la propia Policía firmada poco antes de los hechos, el 9 de marzo del año 2005, que se une a una reclamación de daños del Ayuntamiento de Gijón, que es la institución que, en combinación con la propia Delegación del Gobierno, motivó el inicio de un proceso kafkiano, que está lleno de elementos que nos llevan a la evidencia de que estamos ante una maquinación de las autoridades, cuya intención no es otra que quitar a estos dos sindicalistas de en medio, por razones que nada tienen que ver, ni con la seguridad pública, ni con el mantenimiento de los cajetines semafóricos en buenas condiciones de uso.

El vídeo elaborado por la Policía de Gijón, a instancias del Delegado del Gobierno Antonio Trevín Lombán, y la reclamación formalizada de manera surrealista por el ayuntamiento de Gijón, ponen a los pies de los caballos a dos sindicalistas, que sin duda han sido elegidos como cabezas de turco por las autoridades políticas del PSOE e IU que impulsaron este procedimiento, para aterrorizar a los ciudadanos asturianos que están descubriendo el impresionante pastel urdido, por esas mismas autoridades, en los terrenos de los astilleros de la bahía de Gijón, que en vez de seguir por la senda de la recuperación y desarrollo de un sector en auge en toda España, y especialmente en las comunidades vasca y gallega, han sufrido un daño irreversible, a causa de las maniobras desarrolladas para poder sacarle el jugo a unos solares que sin duda pueden dar enormes plusvalías, a la gran empresa que está detrás de esta operación, a la espera de que se liquide la oposición sindical y ciudadana a la misma, mediante la creación de un clima de terror en el que se judicializa de manera arbitraria y sospechosa la protesta cívica contra el latrocinio depredador.

Este sábado, Antonio Trevín, que está enzarzado en un visible pulso por el poder político en Asturias con el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, lanzó una andanada, recogida en Gijón por la agencia Europa Press, de lo más revelador, en la que cargaba la responsabilidad por la crisis de la construcción naval en Asturias al gobierno del Presidente Vicente: respecto a la acusación de los sindicalistas de que el delegado está implicado en una "trama" para favorecer la especulación urbanística en la zona donde se asientan los astilleros una vez que se trasladen o cierren, Trevín recordó que la Administración Central no tiene competencia desde el punto de vista de la planificación de una empresa. También indicó que la política industrial, en todo caso, le corresponde al Gobierno regional.

Trevín de tonto no tiene un pelo, y sabe perfectamente que en Gijón, hoy por hoy, todo el mundo es consciente de que el promotor de la urbanización de los astilleros, en un diseño creado para cargarse el sector naval y extraer todas las plusvalías posibles a sus terrenos, fue Vicente Álvarez Areces, cuando era alcalde de Gijón e inició la urbanización de Poniente, tras haber creado dos playas artificiales, una delante de cada uno de los dos astilleros que sobrevivían a la reconversión. Areces también metió de aquella en la pomada naval a Izquierda Unida, consiguiendo, a través de la SOGEPSA que controlaba un Sergio Marqués, que estaba atrapado en sus manos, los solares que entrambos concedieron a la empresa Proseín, del Grupo Progea, cuyo delegado en Asturias, el dirigente económico de IU en Gijón, José Antonio Hevia Braña, escrituró personalmente los pisos de los

llamados Edificios-Barco, en los que la empresa de IU obtuvo unas jugosísimas plusvalías que taparon la boca para siempre a esta coalición.

Trevín, que acaba de probar el hierro que Areces le metió entre los omóplatos, paralizándole el desmonte que está ejecutando en La Talá su alcaldesa-delegada de Llanes, Dolores Álvarez Campillo, no duda en echar balones fuera, e intentar endosarle a Vicente Álvarez Areces un negocio, que en realidad sí está impulsado por el Gobierno de Madrid, puesto que fue el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el que regaló en dos millones de euros el solar de Izar a una empresa gallega que tiene sus propios astilleros en capilla, afectados por el PGOU de Vigo, lo que descarta cualquier duda sobre las evidentes intenciones de la privatización de Izar.

Eduardo Donarie, socio político de Trevín en el proyecto de poder socialista conocido como la Tercera Vía, y máximo impulsor del cierre de los astilleros de Gijón -disfrazándolo como traslado-, decía hace unos días, con respecto al futuro de Naval Gijón que actualmente, «el astillero no tiene dueño y que los cuatro portacontenedores en construcción van a arrojar unas pérdidas de 600.000 euros, ya que no se podrán cumplir los plazos legales. Es una factoría obsoleta, sin instalaciones adecuadas para ser referencia de futuro. Su situación es clara y tajante: o se traslada a El Musel o se cierra». El dueño de los terrenos de Naval Gijón es la sociedad estatal Pymar, pero aquí la gestión se transfirió a un montaje pseudo empresarial en el que participa el mismo

personaje al que aparentemente le regalaron Izar por dos millones, y sin embargo, la prensa española se felicita estos días por lo bien que van los negocios de Pymar en todas partes, salvo en Gijón, donde la ruina se ha labrado durante años de manera deliberada, mientras un conglomerado de empresas paralelas succionaba las ayudas a la construcción de barcos y a la formación de personal.

Resulta muy clarificadora la denuncia formulada públicamente por los diputados del PP Alicia Castro y Leopoldo Bertrand, recordando cómo la propia Teresa Fernández de la Vega aseguró hace tan sólo unos meses que el regalo del solar de Izar al empresario "inexistente" -en palabras de Donaire- de Naval Gijón, garantizaba su continuidad, poco antes de que sus agentes en Asturias, Donaire y Trevín, enseñaran la oreja pidiendo su traslado en El Comercio con la ayuda de los militantes afines a la Tercera Vía en el PSOE de Gijón -mientras se disparan los rumores por la compraventa de solares y naves industriales adyacentes-, ante el silencio cómplice de los dirigentes de IU entafarrados con Progea en los Edificios Barco, lo que constituye un auténtico pijama de hormigón para la imagen y la credibilidad de los ecososcialistas de Gaspar Llamazares.

La maquinaciones inmobiliaras de la Tercera Vía del PSOE, ponen en evidencia con toda la claridad, las motivaciones de la Delegación del Gobierno, para ordenar a la policiá grabar la cinta de vídeo que ha servido para incriminar a los dirigentes sindicales de Naval Gijón, y quitarlos así de en medio, por lo que estamos seguros de que en los próximos meses, y mientras los sindicalistas preparan su defensa en otras instancias judiciales, los ciudadanos que los apoyan, elaborarán un amplio dossier ilustrado con todos estos datos contrastables, en el que se debe reunir el material necesario para que se pueda presentar una gran demanda en los tribunales de justicia, con la que se podrá probar que estamos ante una operación impulsada por la financiación de la política, a través de las enormes e injustificables plusvalías que se pretenden obtener de estos expoliados al Estado, que han sido enajenados a unos precios que demuestran la existencia de un móvil ilícito y corrupto en toda esta desgraciada y siniestra película.

El video de la Policía