En Asturias están pasando cosas muy raras. Se persigue la opinión libre, se cierran medios de comunicación díscolos, se expulsa a los militantes de los partidos políticos que discrepan, se encarcela a los sindicalistas que estorban, se ataca violentamente a los periodistas que no entran en la rueda. Todo en medio de un profundo silencio. Es como si se estuviese produciendo una auténtica mutación autoritaria de sistema, en medio de una aparente indiferencia, condicionada por la actitud de colaboración de las empresas periodísticas con estos devaneos autoritarios del poder político.

Por si no tuviésemos bastante con el procesamiento por generación espontánea que sirvió para acallar las voces críticas que en Gijón clamaban contra la maquinación para alterar el precio de los solares de los astilleros, haciendo primero unas playas delante de ellos, quebrándolos en un caso –Naval Gijón- y regalándole el solar en otro –Izar- en una cifra irrisoria, a un empresario que es el mismo de Naval Gijón, ahora tenemos otro ciudadano que lucha contra la especulación, que está en capilla, previamente a su pasión y condena: Txomin Goñi Tirapu, secretario de la Asociación AVALL, una de las pocas entidades cívicas que defiende el interés general ante el avance imparable de los negocios impulsados por la clase política.

Además, Goñi es presidente de la Agrupación de Colectivos Asturianos, que unifica a las asociaciones críticas con el negocio rapaz de la política en Asturias. A Toxmin Goñi le están colocando también al borde de la cárcel. ¡Qué casualidad! Todo va por orden. Uno por uno. Se transige con al primer abuso y allá vamos a por el segundo, y luego el tercero y así sucesivamente hasta que nuestra convivencia se haya convertido en un infierno.

En el caso de los sindicalistas Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala, su papel al frente de la Corriente Sindical de Izquierda interrumpía el avance de la construcción de lujo en primera línea de la costa gijonesa, por eso fueron procesados de una manera tan rara -jamás se había procesado a nadie aquí por manifestarse-, por su empeño en defender el empleo industrial que garantiza el futuro de nuestros hijos, en una comunidad que ahora cierra las últimas minas privadas antes de proceder a la privatización de Hunosa, mientras se construyen algunas casitas y naves industriales en sus activos ociosos.

Carnero y Morala se encontraron de repente en Villabona, porque el Ayuntamiento de Gijón se había personado en una reclamación de daños, a través de un humilde notificador, que luego fue abandonado bajo los cascos de los caballos del cabreo social, cuando la gente preguntó quién había puesto la denuncia y Paz Fernández Felgueroso y Jesús Montes Estrada, socios del gobierno gijonés, aseguraron públicamente que ellos no habían sido, en uno de los lavatorios de manos más llamativos de la historia, desde los tiempos del insigne Poncio Pilatos. Un policía municipal fue al juzgado a llevar las facturas de los daños que Felgueroso y Churruca utilizaron para encarcelar a Morala y a Carnero. Churruca y Felgueroso dijeron después públicamente, que tanto el notificador como el policía habían hecho tales cosas, en uso de su libertad individual, y sin que nadie se lo hubiera sugerido.

Ahora resulta que el Juzgado de Instrucción número 1 de Llanes dio traslado a la Fiscalía, el pasado 14 de agosto, de una resolución judicial -ampliamente agitada por La Nueva España un mes después- por la que se pide al Ministerio Fiscal que formule acusación contra el secretario de AVALL, por un presunto delito de Resistencia a la Autoridad, una presunta falta de Perturbación del Orden Público, otra presunta falta de Lesiones y otra falta de Maltrato de Obra, cuando fue él quien resultó esposado, arrastrado y lesionado por los agentes al mando de la Alcaldesa Dolores Álvarez Campillo -¿dónde está su parte de lesiones?- que ordenó su detención y encarcelamiento en las dependencias municipales durante varias horas, por llevar una camiseta puesta, en la que se podía leer una afirmación de índole jurídica, en la que se decía “La Talá Ilegal”.

Por las mismas, Goñi, que fue detenido por llevar puesta una camiseta, podría haber sido arrestado, esposado y encarcelado también, por orden de esta misma alcaldesa, acusado de tener puesta una pulsera en la muñeca en la que se dijese "Campillo tirana", un arete en el lóbulo de la oreja o una anilla en la nariz con otras libres manifestaciones de la opinión que protege la Constitución Española, cosa singular e irrepetible, pues imagínense ustedes que se generalizase la idea de Goñi y los ciudadanos, ante el avance imparable del recorte de libertades que estamos padeciendo, se decidan a expresar sus opiniones en los pantalones y en la ropa interior, viéndose en la tesitura de aparecer desnudos ante los demás o ser detenidos de manera sistemática y continuada por orden de los alcaldes represores e inquisitoriales, a quienes les molesta que la gente tenga su propia opinión sobre las cosas, y la manifieste en su vestimenta, mediante textos escritos como el de Goñi, que ponderada y respetuosamente hacía constar en su sencilla prenda que esa controvertida urbanización llanisca es “ilegal”.

¿Se imaginan lo que ocurriría sin un alcalde del PP, por ejemplo Gabino de Lorenzo, le ordenase quitarse una camiseta a un ciudadano en un Pleno y al negarse a quitársela ordenara a la policía municipal arrestarlo, esposarlo, arrastrarlo y encerrarlo durante tres horas? Ardería Oviedo. Como mínimo. Pero la delegada de Trevín puede hacer lo que quiera... !

Estas cosas sucedieron el 2 de septiembre del año 2005, y ahora, en septiembre del año 2007, dos años después, nos encontramos ante el inicio del procesamiento de Goñi, sin que medie al respecto otra cosa que el Atestado de la Guardia Civil en el que constan los hechos señalados, sin denuncia de la alcaldesa que fue la que ordenó su detención, pero ya parece no tener ningún papel en el espectáculo.

Tenemos que suponer, y los hechos coinciden de manera harto sospechosa, que nuevamente se trata de una maniobra urdida en comandita entre el jefe supremo de las fuerzas policiales asturianas, el delegado del Gobierno y ex alcalde de Llanes, Antonio Trevín Lombán, que según acreditan todos los conocedores del asunto, es quien puso ahí como candidata a la alcaldía a Dolores Álvarez Campillo, autoridad que ordenó la detención y encarcelamiento de Goñi, al que empapela ahora la juez de Llanes que es autora de la resolución por la que se pide que el Ministerio Fiscal proceda a formular la acusación de ese presunto delito de Resistencia a la Autoridad, porque este ciudadano, efectivamente, se resistió a ser detenido, esposado y encarcelado, dado que su educación democrática y su experiencia de la lucha contra la dictadura del General Francisco Franco le hacían creer que España era un país libre, en el que se suponía que se puede llevar cualquier cosa escrita en una camiseta, siempre que tal cosa no constituya por sí misma un delito.

En Asturias nace ahora el delito de opinión vertida en una camiseta. ¿Tendremos reforma del Codigo Penal al canto para darle consistencia jurídica?

O ¿acaso tenemos que aceptar pacífica y tranquilamente que se nos pueda detener, esposar, arrastrar por los suelos y encarcelar en donde a la autoridad le venga en gana, por el mero hecho de tener una opinión, siempre y cuando esa autoridad pertenezca al Partido Socialista? ¿Debemos aceptarlo pacíficamente? ¿No podemos resistirnos a un abuso así? ¿Es resistirse a la autoridad negarse a que te despojen de la camiseta con la que ejerces tu derecho constitucional a opinar?

Lo terrible es que como consecuencia de estos hechos, Goñi Tirapu ha sufrido un proceso personal de deterioro físico que le ha conducido al diagnóstico de una incapacidad, contra la que ha luchado inútilmente, pues a pesar de su oposición personal a esta decisión, un tribunal médico consideró que no está en condiciones de desarrollar su labor docente, por el delicado estado de su corazón, que sufrió especialmente con la violencia desatada contra él por la actuación policial ordenada por la alcaldesa de Llanes. Pero eso no importa. Eso no tiene la menor trascendencia en esta Asturias en la que los únicos que parecen sobrar son los ciudadanos que manifiestan libre y públicamente sus opiniones contra los negocios impulsados por la clase política.

Conviene señalar, que además de estos padecimientos físicos, agravados como consecuencia de los malos tratos vejatorios recibidos por Goñi, el secretario de AVALL tuvo que soportar amenazas de asesinato y otras atrocidades, como la muerte violenta de su perro, de las que se puede dar buena cuenta mediante las oportunas denuncias.

Mientras la corrupción política se adueña de nuestra sociedad, el avance de los comportamientos mafiosos parece no tener límites. Los continuos varapalos legales contra la actuación urbanística de las autoridades de Llanes no tienen consecuencias. Poco a poco se consuma la expulsión de los ciudadanos de la esfera pública.

Hay que añadir, para tener un conocimiento cabal de la situación de este asunto, que la Audiencia Provincial desestimó en su momento una denuncia de Goñi contra la alcaldesa de Llanes por los hechos señalados, al considerar que el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Llanes prohíbe las “manifestaciones de agrado y desagrado” de los ciudadanos ante la actuación de las autoridades políticas, y que al incurrir la camiseta de Goñi en esta transgresión de tan alto reglamento, su detención y encarcelamiento no fue una “detención ilegal”.

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