Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, presidente y director de la Autoridad Portuaria de Gijón
Como bien apunta nuestro colaborador Portuario, en Asturias ha quedado definitiamente al descubierto la manera en que aquí se gestionan los fondos públicos. Hablamos de cifras escalofriantes que no necesitan ser pormenorizadas otra vez, aunque baste con recordar que los 135 millones de euros solicitados a Europa -esos son los fondos que están paralizados-, son una parte de los 216,3 millones sin IVA de un sobrecoste escalofriante, correspondiente a una obra que en su momento se licitó en 580 millones. Un sobrecoste que en Europa se presentó como segunda fase de un proyecto en el que no existen fases. Es decir, el sobrecoste, que no ha sido explicado ni en el Parlamento asturiano (las excusas sobre las canteras resultaron patéticas, pues no había ni contratos cuando se adjudicaron las obras), ni en el Parlamento español, se intentó cargar a los Fondos de Cohesión, camuflado por un concepto diferente, como si no fuese un sobrecoste, en definitiva, como si aquí no hubiera pasado nada.
Es más, el Consejero Francisco González Buendía se atrevió a afirmar en la Junta General del Principado, que es un dinero que no aportan los ciudadanos asturianos, que sencillamente dejan de contar con esa cantidad para sus obras públicas.
La Autoridad Portuaria, un engendro administrativo que oscila entre el derecho privado y el derecho público, y que utiliza esa singularidad para dotarse de una especial opacidad -su gestión depende a la vez de Asturias y Madrid-, no es un ente ajeno a las decisiones de políticos con nombres y apellidos, pues tanto el nombramiento de su presidente, como el de la mayoría del consejo de administración, depende de nuestra comunidad autónoma, y tan grande es el tejido de complicidades allí desarrollado, que nada menos que todos los firmantes del llamado ACEBA, patronal y sindicatos, junto con el propio Gobierno, constituyen el núcelo duro de ese organismo, junto con el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, un hombre de la máxima confianza del presidente Vicente Álvarez Areces, que ocupa allí un lugar muy relevante.
Es terrible pero cierto. El gobierno y los agentes sociales asturianos, que tanto dinero canalizan al margen del control de los organismos habilitados por la legalidad para gestionar la concertación social, como como es el caso del Consejo Económico y Social -que lleva muchos años vacío de competencias- están en el corazón de una jugada que está siendo rechazada por la Unión Europea, por su más que evidente falta de adecuación a la legalidad en la gestión de los contratos públicos.
Cuando publicamos esta noticia, ya perfectamente conocida por todos los protagonistas de la actualidad. Pasaron las horas. Y sin embargo, en los periódicos del día no se publica otra cosa que lo que ya sabíamos. No hay comentarios al respecto. Nada que hacer. Nada que decir.
Los Verdes, denunciantes de la situación en Europa, han 
desaparecido del mapa. Al fin y al cabo, su coalición ya está negociando entrar en el gobierno al que han denunciado, lo que no hace sino incrementar las sospechas de quienes temen que en realidad la denuncia no sea otra cosa que una palanca para recuperar los cargos y la financiación perdida tras la salida de IU del ejecutivo.
En cuanto al Partido Popular, su situación es aún más descorazonadora. El PP no parece tener ya el menor interés en jugar el papel que la Constitución le otorga en el juego político de las instituciones, sumido como está en el debate interno abierto ante su próximo congreso. Todo el mundo teme equivocarse, y los posibles candidatos buscan el respaldo de las fuerzas vivas para sus aspiraciones. ¿Qué fue de la petición de comparecencia en el Congreso del Presidente de Puertos del Estado? En tal situación, para qué mojarse ante un fraude clamoroso.
¿Puede aceptar resignadamente una sociedad la evidente malversación de dinero público sin que ninguna instancia representativa tenga nada que decir? Pues sí, en el caso de Asturias es así.
Habrá que estar atentos a las reacciones que aún se puedan producir, pero si algo es ya evidente, es que se diga lo que se diga, ya serán reacciones tardías, pues si viviésemos en una sociedad sana, debería haberse producido una inmediata catarata de dimisiones.
Aceptando que nuestra sociedad está enferma, y que se puede confirmar lo sucedido en El Musel sin que dimita nadie, lo siguiente sería una intervención enérgica de la oposición política. Pero ni eso. Así se confirma que nos encontramos en el peor de los escenarios posibles. No hay oposición, ni a la izquierda ni a la derecha del gobierno. No hay medios de comunicación -ellos también tienen la obligación de editorializar-, no hay intelectuales, no hay nada.
Y lo más grave es que esta tremenda corrupción que trufa nuestra convivencia, es en gran medida responsable de la crisis que estamos viviendo. ¿O alguien cree que la putrefacción de nuestra vida pública no es en gran parte la causa directa de la crisis que estamos empezando a padecer?
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