El pulso entre Zapatero y Bono está en el origen la actual situación que padecemos
Empieza a ser común el lamento, cuando no la indignada reacción, contra la insoportable situación de crack a la que nos conduce el sistema autonómico español, desde que la apertura del debate sobre la financiación empezó a situarnos ante unas premisas insostenibles, como las que establece el Estatuto de Cataluña, que empiezan a recibir un unánime rechazo, porque hacen inviable el sistema y amenazan con destruir los servicios públicos. ¿En qué país serio se produce un movimiento de indignación cuando se procede a la aplicación de una ley, y no cuando esta ley se elabora y se aprueba? En éste, ¡claro! Así somos.
José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió públicamente a reformar el Estatuto de Autonomía de Cataluña en la campaña electoral del 2003; es más, en realidad, a lo que se comprometió fue a apoyar la “reforma del Estatut” que “aprobase el Parlamento de Cataluña”. Las consecuencias de esta absurda promesa están a la vista y va llegando el momento en que no las discute casi nadie en España, a medida que la crisis mengua a velocidad de vértigo los recursos públicos, con lo que empieza a ser evidente, que con su compromiso, Zapatero llevó el sistema político español a su punto de no retorno, es decir, a ese nivel máximo de incompetencia que preludia una implosión.
Zapatero prometió muchas cosas que no cumple, y aquí intentó hacer lo mismo, es decir, aprobar el Estatuto y luego no cumplirlo. Un juego peligrosísimo el que se trae. Pero esta vez no le salió bien. No es posible engañar a todo el mundo permanentemente. Y las consecuencias ya se atisban. Pero antes una aclaración.
¿Por qué son tan importantes los estatutos que dan “autonomía” a los grupos territoriales de políticos, no a los ciudadanos, como suele creer la ciudadanía más iletrada?
Hasta ahora, controlar ayuntamientos y comunidades autónomas era sinónimo de tener la llave de fuentes aparentemente inagotables de producción de riqueza, en forma de comisiones que fluían de las empresas a los partidos y sus intermediarios, e incluso se crearon figuras legales, como los “agentes urbanizadores”, en todas las comunidades, que explican hoy ese loco stock de viviendas, que algunos cifran en más de dos millones; una tremenda losa para la economía española, en un momento especialmente difícil para la misma, dada la crisis internacional que ha venido a unirse a este incomprensible escenario de falsa riqueza y corrupción generalizadas, que reblandecieron los sesos de unos y de otros.
Aquí han tenido voz, voto, y un inexplicable protagonismo mediático, personajillos como Gaspar Llamazares -uno más que aprovechó bien la ordalía del ladrillo-, acostumbrados a predicar la buena nueva nacionalista en Cataluña y en el País Vasco, y lo contrario fuera de allí. Cosas así, sólo podían suceder en una España convertida en manicomio, en la que el cemento creaba ese falso espejismo de que el Estado podría soportar un indefinido crecimiento del recurso a la financiación pública de las instituciones políticas. Así, la clase dirigente incrementó sus efectivos incrustados en la administración de manera vertiginosa, porque los ingresos fiscales del negocio del suelo, parecían permitir ese crecimiento ilimitado.
Puede afirmarse que gracias al desarrollo cancerígeno de la promoción inmobiliaria en estos últimos quince años, en realidad, la gran industria española ha sido la política, y que hay una relación singular entre la dispersión y el particularismo al que han llegado los poderes locales y autonómicos, y los discursos absurdos de unos y de otros. Pero como vemos, todo tiene un fundamento material y perfectamente demostrable: la locura inmobiliaria que financió la aparición de ese incontrolabe caciquismo político, basado en los discursos demagógicos que apelaban a la retórica localista, para controlar administraciones con capacidad de decisión en la generación de suelo, de las que a su vez salían las rentas con las que se financiaba la demagogia y la subsistencia de los propios demagogos.
A estas alturas sería difícil entender el porqué de este impresionante lío, y sobre todo, por qué Zapatero pulsó el botón rojo que vuela el sistema al invocar el pandemonium catalán, de no ser por los compromisos que el hoy presidente de España había adquirido con el PSC, cuando este partido, que en contra de lo que muchos creen, no es el PSOE, sino otra cosa, le facilitó el acceso a la secretaría general de los socialistas españoles, contra las aspiraciones de José Bono, un hombre que por su españolismo resultaba excesivamente antipático al grupo entonces dominante en el PSC.
Todo tiene pues orígenes históricos y demostrables, y el compromiso electoral de Zapatero con el Estatuto catalán, arranca de su entendimiento con el PSC para alcanzar el poder dentro del PSOE, lo que le llevó a la presidencia del Gobierno, con tales promesas electorales -de las de cumplir por pelotas, no como otras- en la cartera.
El tiempo ha transcurrido, Zapatero lleva ya muchos años en La Moncloa, y ahora unos y otros se tienen que enfrentar a la realidad legal que supuso la entrada en vigor del Estatuto de Cataluña, que aunque la caterva de irresponsables que controla nuestros asuntos haya intentado tomarlo a chirigota, al utilizar como modelo la manera en que el propio presidente del Gobierno suele despreciar las leyes, es eso, Ley, con mayúsculas, y por lo tanto, una normativa de obligado cumplimiento, por más que ese cumplimiento sea imposible sin organizar una guerra civil. La irresponsabilidad de nuestros políticos nos convierte en uno de esos raros lugares del mundo, en los que cumplir las leyes suele ser imposible.
Conviene recordar, analizando esta paradójica e incompresible situación, que ese estatuto sólo tuvo la oposición, en el legislativo catalán, del Partido Popular, que volvió a votar en contra del proyecto en el Congreso de los Diputados, donde fue aprobado, con el voto favorable de todos los partidos, salvo la derecha, el 30 de marzo del 2006. El Partido Popular había presentado también previamente, en noviembre del 2005, un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, cuyo fallo parece que va a convertirse en uno de los mayores estrambotes de la pintoresca historia administrativa de este país de pandereta, en el que nadie quiere ese endiablado estatuto que casi todos apoyaron, ni siquiera los catalanes, algo que probablemente no interese recordar.
La oposición popular -y la de algunos pocos ciudadanos, que sin ser “de derechas” mantenían el sentido común a pesar de la epidemia zapateril, incluso dentro del propio PSOE- a este Estatuto que ahora todos denigran, está en el origen de la actual confrontación que divide España en los dos eternos campos en liza, y la estrategia de la “memoria histórica” y el “todos contra el PP” de la primera legislatura, que destrozaron ese otro partido, hoy convertido en una casa de orates, hunde sus raices en el enfrentamiento a cuenta del Estatuto. Baste recordar, por ejemplo, episodios tan fuera de la lógica, como el del “Boicot al Cava”.
Mueve a risa recordar que los ciudadanos de Cataluña, no sólo no fueron a votar, de manera mayoritaria, el día del referéndum catalán del 18 de junio del 2006, pues de un censo electoral de 5.202.291 votantes catalanes, se abstuvieron 2.631.813, es decir, que ni siquiera la mitad de los ciudadanos catalanes con derecho a voto fue a pronunciarse sobre la cuestión, y de los que fueron, nada menos que el 20% de los votos efectivos se fue al no, y el 5% resultaron anulados. En definitiva, este lío impresionante que organizó Zapatero al abrir el melón estatutario en Cataluña, que arruinó y dividió a la España caciquil que vivía la orgía del ladrillo, encantada de conocerse a sí misma, no sólo parece ser rechazado ahora por la aplastante mayoría de los españoles, sino que en su momento se metió a calzador, pues dejó fría a la mayoría de la sociedad catalana.
¿Puede concebirse mayor locura que haber puesto España patas arriba por un compromiso de mayorías dentro de un partido político, sacando adelante la reforma de un Estatuto de Cataluña que ni los catalanes quieren? Pues en esas estamos.
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