En verde oscuro, los estados que han ratificado ya el Convenio de Aarhus, de acceso a la información medioambiental
La página de participación pública en la información de interés general, El Comentario TV, dedicada a buscar un camino innovador para el ejercio del periodismo ciudadano, pudo constatar durante estos últimos años, la enorme insatisfacción que cunde en Asturias, ante las maquinaciones del gobierno de coalición PSOE-IU para desarrollar un gran plan encaminado a transformar su territorio, una tierra de singular belleza paisajística y extraordinarios recursos naturales, en una gran planta de importación y transformación de combustibles fósiles, con la pretensión de multiplicar su capacidad de generar energía eléctrica a partir del carbón y el gas, así como para especializar buena parte de alguna de su zonas más hermosas en la generación de energía eólica. Se habla de multiplicar por tres esa capacidad de generación que Asturias ya tiene, y que en la actualidad duplica ya sus necesidades de consumo interno, para cuya ponderación hay que tener en cuenta su elevada actividad industrial, así como los enormes daños que ya recibió su medioambiente, como consecuencia de esa actividad.
Este plan implica la ampliación del Puerto de El Musel -cuya construcción está plagada de irregularidades-, como puerto especializado en la importación de graneles y productos energéticos, incluyendo una terminal de licuefacción de gas natural, es decir, una gran planta regasificadora, los gasoductos necesarios para conectarla con la red y con las numerosas centrales de ciclo combinado ya planificadas, la construcción de numerosas subestaciones eléctricas, un gran anillo de alta tensión en el centro de la comunidad, así como varias líneas de alta tensión a construir en dirección este, sur y oeste para evacuar la nueva producción, sin olvidarnos de la instalación de una desmesurada malla de parques eólicos, con la que se pretende colmatar las sierras del occidente, en una amplísima comarca, en la que se había desarrollado una notable industria turística, que se está yendo al traste ante tan singular amenaza.
La confección, redacción y aprobación de este plan, denominado Estrategia Energética del Principado de Asturias, 2006-2012, se hizo a escondidas de los ciudadanos, sin debate público y sin la apertura de un período para la participación, y para asegurar el sigilo de la tramitación, no se llevó al Parlamento -en donde se pretende aprobar ahora, a toro pasado, tres años después-, no se llevó tampoco a los órganos urbanísticos, como la CUOTA, ni a los órganos mediambientales, como la CAMA, siendo aprobado, a la chita callando, en el consejo de Gobierno del 12 de abril del año 2007.
El 30 de mayo del 2008, un año después, el Gobierno de España aprobó la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas para el periodo 2008-2016, en la que se incluyen todas las previsiones establecidas en el documento que en Asturias se redactó y aprobó en secreto, a espaldas de los ciudadanos, violentando las competencias regionales en materia de ordenación del territorio y medio ambiente, dando así vía libre a los gestores del sistema eléctrico y gasístico para la construcción de grandes infraestructuras, cuyo núcleo principal, la regasificadora de El Musel, ya había sido adjudicada a Enagás en noviembre del 2006.
En estos momentos, y como decía al principio, los ciudadanos se encuentran totalmente indefensos ante estas actuaciones y decisiones de los políticos, en colaboración directa con las empresas eléctricas que están tomando posiciones para optar a la construcción -en muchos casos se están construyendo o se han construído ya- de numerosas instalaciones, que empiezan a ser un hecho, a pesar de que ni siquiera se han publicado en boletines, ni los acuerdos del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, ni los acuerdos del Consejo de Ministros del Reino de España, lo que hace imposible que aquellos a los que no se dejó participar en las decisiones, puedan ahora recurrirlas, pues al no estar publicadas, nada hay que recurrir, lo que contraviene gravísimamente los Derechos Fundamentales de los ciudadanos garantizados por la Constitución Española, en una situación de indefensión sin precedentes.
Cunde el desánimo entre los discrepantes, a pesar de que no se inició aún la vía judicial, cuyo itinerario resulta evidente, puesto que el día 25 de junio de 1998, el Reino de España firmó en Aarhus (Dinamarca) el “Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente“. El 15 de diciembre de 2004 el Rey de España aprobó y ratificó dicho convenio, “prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes”. En dicho convenio, Artículo 6, “Participación del público en las decisiones relativas a actividades específicas”, queda de manifiestlo que España se comprometió a aplicar específicamente ese convenio cuando se trate de autorizar “instalaciones de gasificación y licuefacción, centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con un aporte térmico de, por lo menos, 50 megawatios”, y además, y por si no estuviese todo suficientemente claro, se contempla especialmente su aplicación cuando se trate de actividades “que puedan tener un efecto importante sobre el medio ambiente”. En el caso que nos ocupa se trata de una planificación energética global, que va a cambiar el paisaje, la demografía, la economía y el medio ambiente de toda una comunidad autónoma.
Esta incomprensible situación que se vive en Asturias, se da en un país, que se ha comprometido mediante este convenio firmado con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa a que cuando “se inicie un proceso de toma de decisiones respecto del medio ambiente”, se informará al público “de manera eficaz”, “con plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público”, y “para que el público se prepare y participe efectivamente en los trabajos”. España se comprometió a adoptar medidas “para que la participación del público comience al inicio del procedimiento, es decir, cuando todas las opciones y soluciones sean aún posibles y cuando el público pueda ejercer una influencia real”.
Pero es que además España se comprometió también a que el público interesado pueda consultar, “todas las informaciones que ofrezcan interés para la toma de decisiones” y en caso de solicitarlas las autoridades públicas están obligadas a poner “a disposición del público, en el marco de su legislación nacional, las informaciones sobre el medio ambiente que les soliciten”. En el caso de serles denegadas esas informaciones, se contempla, para finalizar que tendrá “la posibilidad de presentar un recurso ante un órgano judicial o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley”.
Así pues, lo cierto es que en virtud de las obligaciones contraídas por España en este convenio que está plenamente en vigor, y que ya lo estaba cuando el gobierno de la izquierda asturiana, PSOE-IU, aprobó su Estrategia Energética, y cuando el Gobierno de España aprobó la Planificación de los sectores de la Electricidad y el Gas, ambos gobiernos tienen la obligación de entregar a los ciudadanos que lo soliciten la documentación oficial -y no meras fotocopias-, acreditativa de la existencia de estos planes, así como de la tramitación de la que han sido objeto, para que estos puedan recurrir sus decisiones, por la flagrante violación de dicho convenio, al haberse aprobado tales decisiones sin dar a los ciudadanos la oportunidad de participar en las mismas, exponiendo sus puntos de vista, para oponerse a lo que tengan por conveniente oponerse, siendo responsabilidad exclusiva de las administraciones las consecuencias económicas de tamaña violación de los Derechos Fundamentales consagrados por la Constitución y convertidos en obligación de actuar por los convenios internacionales firmados por España, que como es obvio vinculan a la comunidad autónoma Principado de Asturias.
Etiquetas: Enagás, 2006-2012, Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, El Comentario TV, Estrategia Energética del Principado de Asturias, Gobierno de coalición PSOE-IU, Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas pa, Consejo de Ministros del Reino de España, periodismo ciudadano, Regasificadora de El Musel, Convenio de Aarhus
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