El acceso a la información pública está aún vedado a los ciudadanos españoles
Somos muchos los asturianos que estamos descubriendo que no estamos solos en el planeta, ante la lamentable y sospechosa actitud de nuestro gobierno de la “izquierda plural”, PSOE-IU, que decidió cambiar la faz de esta comunidad autónoma, desde su imagen como paraíso natural, para transformarla en un basurero energético, con la intención de potenciar unos cuantos negocios de apariencia bastante inconfensable. Todo ello, naturalmente, a espaldas de los ciudadanos.
Ya dediqué un par de artículos anteriores a dar a conocer datos que creo importantes y que arrojan nueva luz sobre estas cuestiones, uno dedicado a la violación por Asturias y España del Convenio de Aarhus, así como otro que intenta estudiar la legislación española que nos apoya en nuestras pretensiones. Pero cada vez vamos sabiendo más cosas, y especialmente que esta lucha está en realidad de plena actualidad, pues entre otras cosas, la Asociación de la Prensa de Madrid acaba de organizar unas jornadas en las que se divulgan precisamente estos asuntos. Por eso digo que no estamos solos, y aunque el caso de Asturias clama al cielo, especialmente por las complicidades que hemos ido descubriendo, no está de más saber que en España y en Europa hay mucha gente que comparte nuestros problemas.
No obstante, la singularidad del caso asturiano es grande, pues lo cierto es que como los miembros de nuestro gobiernín, son “de izquierdas”, “majos”, “progres”, “verdes” y “demócratas”, no tuvieron más remedio que hacer las cosas a escondidas, y parieron todo un documento de planificación, que aprobaron a la chita callando, en un Consejo de Gobierno, para remitirlo acto seguido al gobierno de España, para que éste lo incluyese en el Plan Energético Nacional. Todo ello, bastante bien contado, forma parte de una gran operación de denuncia que está desarrollando la Agrupación de Colectivos Asturianos, ACA, una organización nutrida por un buen grupo de entidades cívicas, que tienen en común el no estar dispuestas a dejarse engañar; algo muy importante sin duda, pues eso da moral.
La cosa es tan gorda, tan singular, inusual y poco vista, que nuestro ejecutivo nos ha forzado a superarnos, a estudiar, a formarnos y a adquirir conocimientos que al menos algunos no teníamos, para poder ser conscientes de los derechos que nos asisten y que nuestros gobernantes pretenden arrebatarnos, y el descubrimiento ha sido de órdago.
Resulta que en asuntos medioambientales tenemos en vigor leyes y tratados internacionales, como el Convenio de Aarhus, que ha sido ratificado por España, o la Ley n º 27/2006, de 18 de Julio, con la que se intenta neutralizar alguna de las cuestiones esenciales de ese convenio, pero que aún así nos otorga derechos y establece obligaciones para los gobiernos, de los que dificilmente van a poder escapar nuestros pícaros mandatarios, que intentaron trastearnos de tan mala manera.
Pero , ¡ojo!, hay que estar muy atentos, pues resulta que las leyes y los tratados que en materia de medio ambiente obligan a proporcionarnos toda la información que necesitemos para poder ejercer nuestro derecho a participar en la gestación de las decisiones relacionadas con tales asuntos -un derecho del que aquí tanto el PSOE como IU han pretendido despojarnos, lo que sin duda es una gravísima violación de las leyes en vigor-, van a extenderse en breve al conjunto de la información pública sobre las actividades de la administración, y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya está maniobrando para intentar restringir en lo posible los derechos de los ciudadanos, colando en la jugada organizaciones subvencionadas y colaboracionistas -ya daremos sobre esto más datos, muy curiosos-, expertas en servir de tapón de corcho para impedir el acceso de la gente a la información, tal y como sucedió aquí en Asturias, de manera pública y notoria, ante nuestro empeño por enterarnos de lo que estaba ocurriendo, cuando nos la estaban armando tan gorda, con el proyecto conocido como Estrategia Energética del Principado de Asturias.
En estos momentos se encuentra a debate la “European Convention on Access to Official Documents” o “Tratado Europeo de Acceso a los Documentos Oficiales”, cuyo texto original, de julio del 2007, puede leerse aquí en inglés o en francés, aunque en breve lo traduciré, si nadie se anima, para que podamos ir conociéndolo. El citado proyecto legislativo transnacional, se está debatiendo ahora con singular intensidad, a partir del trabajo de un grupo de expertos de quince de los cuarenta y siete gobiernos que forman parte del Consejo de Europa. El grupo de expertos terminó sus trabajos a finales del 2007, y el documento base fue aprobado en Estrasburgo en la primavera del 2008. Desde entonces hasta ahora se han enredado en una burocrática rueda de tiras y aflojas, que no es de extrañar, pues la pretensión es que el acceso a todos los “documentos oficiales” pueda ser ejercitado por cualquier persona, sin necesidad de demostrar ser “persona interesada”, tal y como hizo el gobierno de España en el caso de la información ambiental con los grupos ecologistas, en la ley en vigor en España -de la que eliminaron elementos recogidos en el Convenio de Aarhus-, para reducir a un grupo de organizaciones subvencionadas, lo que deben ser derechos públicos generales e ilimitados, que no se pueden restringir razonablemente a ningún grupo de interés, con una intención claramente limitadora de los derechos del conjunto de los ciudadanos.
Resulta muy curiosa la situación actual de este debate, sobre las leyes de acceso, que están inspiradas en la Freedom of Information Act (FOIA) de los muy denostados Estados Unidos. Zapatero ya dio señales de vida sobre estos compromisos en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde por primera vez anunció que su gobierno piensa sacar adelante esta ley en la legislatura, algo que no tiene más remedio que hacer, para cumplir con los compromisos internacionales de España. Esta iniciativa tiene su gracia, pues conviene recordar que en realidad, de los veintisiete estados miembros de la Unión Europea, España es uno de los cinco únicos países europeos que carecen de una ley de esta naturaleza, y el PSOE ya llevó esta ley, en su programa, en las campañas del 2004 y del 2008.
Lo último que sabemos sobre la situación de esta crucial iniciativa legislativa europea, es que el 17 de diciembre pasado, el Consejo de la Unión Europea rechazó una interesantísima petición de la abogada española Eva Moraga, 
asesora legal de la asociación acces-info, dedicada a estos menesteres, cuya actividad seguiremos a partir de ahora con el máximo interés, para ir trasladando a la ciudadanía el estado de la cuestión, mientras aquí en Asturias seguimos pegándonos por saber cómo intenta armárnosla nuestro gobierno en el asunto que nos ha llevado a conocer estos indiscutibles avances democráticos, que nuestra legislación no va a tener más remedio que acoger, aunque en realidad se pueden emprender otras muchas líneas de trabajo para exigir de la administración la información que los ciudadanos tienen el derecho a obtener, y por qué no, el deber de conocer. En la petición rechazada a la abogada Moraga, el Consejo de Europa le negó el acceso a la información sobre las posiciones de cada uno de los representantes de los países de la Unión, en la redacción de esta nueva ley.
¡A saber cuál era la posición de los nuestros en este asunto!
Etiquetas: Estrategia Energética del Principado de Asturias, Asociación de la Prensa de Madrid, Eva Moraga, European Convention on Access to Official Documents, acceso a la información, freedom of information act
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