Una cosa es que se engañe a la población, tal y como hace habitualmente la administración asturiana, de manera evidente, en sus planes con mayor trascendencia pública y política, y otra muy diferente es que se engañe a otras administraciones de mayor entidad y seriedad, como es el caso de la administración de la Unión Europea.

Desde que Asturias iniciase su declive industrial y ganadero, Europa volcó sobre esta comunidad cantidades astronómicas de fondos públicos, que vinieron a unirse a las procedentes del Reino de España, para evitar la amenaza de un estallido social, mediante la disposición de una riada de subsidios destinados a narcotizar a la población por una parte, y a enriquecer y dar nuevas oportunidades a una nueva clase emergente de intermediarios, situados en el entorno de la mesa en la que la vieja oligarquía regional compartió sus grandes negocios, realizados con fondos públicos, con una clase política, que en ciertos casos muy determinados, amasó también fortunas importantes.

La izquierda y la plutocracia formaron una alianza irrompible. Los políticos pusieron la Caja de Ahorros al servicio de sus grandes negocios, entre los que destacaba la hoy portuguesa Hidroeléctrica del Cantábrico, y por su parte, las grandes familias, dejaron que los políticos organizasen metódicamente sus chanchullos. Por el medio, una prensa controlada por empresas ajenas a la comunidad, se convirtió en una escuadra pirata que absorbió también enormes recursos. Todos contentos. El dinero fluía sin tasa ni medida, la población se entretenía gastando su sobrevenida riqueza en las grandes superficies, y las ciudades se llenaban de viviendas financiadas con cargo a los terrenos expropiados a sus legítimos propietarios, mediante el engendro publicoprivado llamado Sogepsa.

Las minas cerraron, la vieja industria del acero inició su último periplo, el campo se desertizó, los manzanos se murieron, los cultivos de fabes desaparecieron, la industria láctea empezó a traer de Francia su leche asturiana, los barcos importaron carbón asturiano de Polonia, Ucrania Sudáfrica y Colombia, y los ciudadanos comenzaron a creer en el “milagro asturiano”, el milagro del fraude a gran escala, conocido por todos y por todos consentido: todos dejamos de trabajar, y nos dedicamos a cazar y pescar, pues mientras unos robaban a manos llenas, como los subsidios eran tan desmesurados, parecía que el fraude masivo era mucho mejor para que todos viviésemos en concierto y armonía, que sacar carbón, fabricar acero, podar manzanos, catar vacas y plantar fabes, pues hasta robar dinamita para organizar tramas de explosivos para atentados, se convirtió en un gran negocio, en una comunidad, en la que los inmensos puticlubs y las grandes superficies de todo tipo de productos de consumo, marcaban el paisaje urbano. El célebre “¿Será por perres?”, se convirtió en el grito de guerra del asturiano medio.

En un ambiente así, a alguien tenía que ocurrírsele la brillante idea de invertir mil millones de euros de España y Europa, para hacer el solar de una regasificadora, y que para justificar semejante pelotazo, que se podía añadir el negocio de la importación masiva de carbones para llevarlos en los ferrocarriles privatizados a las térmicas de Castilla y León -algo para lo que la ampliación era evidentemente innecesaria-, se podía construir una desmesurada, absurda, antieconómica y venenosa infraestructura de producción eléctrica, en una comunidad que ya produce el doble de lo que consume, y que en los próximos meses va a ir contemplando el cierre progresivo de las grandes factorías que vivían de la electricidad subvencionada mediante una tarifa especial, que desaparece a instancias de la UE. Pero claro, para que ese negocio diese lo que tenía que dar, había que preparar el golpe con cuidado, no fuese que los ciudadanos se dieran cuenta de que Asturias presenta el mayor índice de enfermedades cancerígenas achacables a la contaminación de toda España, y cayesen en la cuenta de que sobrevivir en semejante medio vital, en el que ya hay cinco poderosas térmicas de carbón, construir siete nuevas centrales de ciclo combinado, a sumar a una gran incineradora de basuras, se iba a convertir en algo imposible de soportar para la salud de las personas, y para los negocios de unos ciudadanos que sólo tienen naturaleza para vender. ¿De qué naturaleza vamos a hablar aquí dentro de cuatro años?

Al final es normal que a la plutocracia y a la clase política les pareciese oportuno duplicar la producción de emisiones contaminantes y destruir la industria turística del centro y el occidente de la comunidad, para instalar una asombrosa batería de molinos eólicos, y un sinfín de tendidos de alta tensión, subestaciones eléctricas y gasoductos. Ellos no viven aquí. Los beneficiarios de este negocio están muy lejos, y en cuanto a los comisionistas, el plan es coger todas las comisiones recaudadas y marcharse a Méjico, Panamá, Argentina y Chile, donde ya van llegando por adelantado las inversiones que salen de la putrefacción de la vida pública en Asturias. Es normal pensar que una población que recibía un chorro de dinero a presión, narcotizada por un consumo desaforado, acostumbrada a no ver nada ni oir nada, a darle igual que el carbón, la leche, las manzanas, las judías para la fabada, y hasta los vasos y las botellas de sidra viniesen de fuera, ¡cómo se iba a protestar porque a cambio de vivir en semejante país de Nuncajamás se condenase a la ciudadanía a la muerte por cáncer fulminante, como justo pago por nuestros pecados, nuestra sumisión, nuestro silencio cómplice y nuestra miseria moral!

Así pues, cuando se tomó la decisión de construir el puerto de El Musel para instalar allí una regasificadora, con el pretexto de que era necesario ampliar la zona portuaria para la importación de graneles -una evidente falsedad que puede comprobar cualquiera-, empezó la pelea por la gestión de esos mil millones de euros que se iban a invertir en cemento, piedra y transporte, más los otros mil o mil quinientos que iban a moverse con toda esa industria enloquecida y enloquecedora, que dejaría muchísimo dinero a los del cemento, la piedra y la chapa, y un poco de dinero a los pocos obreros que trabajasen en el montaje de todos los elementos fabricados en lejanos países, y al final, la nada, el desastre, la liquidación definitiva de Asturias, transformada, de Paraíso Natural, en una gran planta de oncología, administrando quimioterapia masiva a sus desgraciados habitantes, embrutecidos por el becerro de oro que nos llevó a cambiar nuestra maravillosa tierra, por esta basura que nos tiene programada a nuestras espaldas, la banda de inmorales que ha ocultado sus decisiones a una población embrutecida por el maremoto moral que nos devora.

La pelea entre Francisco Álvarez-Cascos y Vicente Álvarez Areces, uno desde Madrid, y desde Oviedo, el otro, por el control de la adjudicación de las obras del nuevo HUCA, la Autovía Minera, Oviedo-La Espina, con José Ángel Fernández Villa desde el SOMA-UGT, unido en muchos intereses con Manuel Menéndez desde Cajastur, tuvo su momento culminante, tras el derrumbamiento del gobierno del PP, encabezado por Sergio Marqués, por la adjudicación  de los fondos mineros en la nueva autovía Mieres-Gijón, con la adjudicación por Areces a la UTE Torresl de la construcción del solar de la regasificadora, lo que a su vez fue motivo para el enfrentamiento entre el ministerio de Cascos y el ministerio de Rato, que siempre se opuso frontalmente a la construcción de este desmesurado chiringuito, a sabiendas de su completa inviabilidad. La llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al gobierno de Madrid, permitió a Areces poner encima de la mesa de Ferraz los mil millones de El Musel, y los mil quinientos de las inversiones eléctricas, en una comunidad dispuesta a tragarse tanta basura y tanto veneno, gracias a las artes narcotizadoras del subsidio.

Pero claro, lo hicieron mal, y ahora la Unión Europea ha tascado el freno, ante la existencia de una cláusula más que sospechosa en el contrato de adjudicación, relativa al suministro de piedra para la obra, anormalmente garantizada por la Autoridad Portuaria al contratista, con lo que al haberse producido una enorme desviación en el precio del suministro, todas las miradas se dirigen hacia el consejo de administración de la entidad, que tuvo la desfachatez de aprobar un modificado de más de doscientos millones de euros, en un segundo contrato, para cubrir el desfase del precio de esa piedra, de cuyo suministro se liberó oportunamente al contratista en el contrato inicial, con lo que ese enorme modificado se adjudicó al mismo contratista, la UTE liderada por Florentino Pérez, en un segundo contrato negociado sin publicidad, lo que violenta directamente la normativa de la Unión Europea, que no sólo amenaza con no financiar el sobrecoste del segundo contrato, sino que además estudia la posibilidad de retirar los fondos ya aportados en el primero. Europa no puede aceptar el segundo contrato (ver el informe de la Comisión Europea), porque no existen causas sobrevenidas que lo justifiquen, ni puede olvidarse de cómo se celebró el primero, al haber aportado la piedra el contratante, en vez de aportarla el contratado, para que pudiese ocurrir lo que ocurrió, liberando a éste de responsabilidades.

Ahora, una humilde asociación, la Agrupación ACA, que agrupa nada menos que a cuarenta movimientos vecinales que luchan en Asturias contra los abusos de la administración, exigen que el gobierno les entregue la documentación con la que se justificó todo este embrollo organizado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que para poder adjudicar la construcción del puerto a Florentino Pérez, tuvo que cambiar el Plan Energético Nacional, e incluir en el mismo la capacidad de regasificación para la instalación de Gijón, pero todo se hizo al revés, tal y como vamos a documentar en este resumen, por lo que ahora, la administración asturiana niega la información a los ciudadanos que la exigen, violando la Constitución Española, los convenios internacionales de España y la propia legislación española, llegando a falsear la documentación en la que se niega la información a los ciudadanos.

 

Veremos cómo acaba esto.

 

Documentación

 

1. El día 25 de junio de 1998, el Reino de España firmó en Aarhus (Dinamarca) el “Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente“. El 15 de diciembre de 2004 el Rey de España aprobó y ratificó dicho convenio, “prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes”. 
2. En uno de los primeros contratos importantes de la nueva administración socialista, el 4 de enero de 2005 el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón adjudicó el contrato para ampliar El Musel a la unión de empresas Dique Torres, liderada por ACS. La fundamentación para la construcción de este puerto, cuya finalidad reconocida es la instalación de la regasificadora, incluía unos planes administrativamente inexistentes.
3. En el camino, entró en vigor la LEY 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que obligaba al gobierno a informar y dar participación a los ciudadanos asturianos, en un  proceso del que se encontraban totalmente marginados, cosa que no es de extrañar, pues se dieron mucha más prisa en adjudicar el puerto que en tramitar su justificación. Zapatero se vestía con los oropeles del verde.
4. La Orden Ministerial ITC/2675/2006, de 1 de agosto, convocó a las Comunidades Autónomas a la realización de propuestas de desarrollo de las redes de transporte de energía eléctrica y de la red básica de gas natural, así como a la aportación de la información necesaria “para dicho proceso de planificación”.
5. La autorización del Consejo de Ministros para la regasificadora, fue concedida en noviembre del 2006, en un consejo que la adjudicaba directamente a Enagás.  Esa “autorización administrativa previa” ni siquiera fue publicada en el BOE, como en su momento denunció Unión Fenosa, lo que no puede sorprender a nadie, dado que todo se estaba tramitando en un limbo legal.
6. Las propuestas asturianas para la reforma del Plan Energético Nacional, con las que se dio cobertura legal a la regasificadora, la Estrategia Energética del Principado de Asturias  -elaboradas en el marco de la Orden Ministerial ITC/2675/2006, de 1 de agosto-, fueron remitidas a la Junta General del Principado en junio del 2008, un año después de su aprobación, en Consejo de Gobierno, el 11 de abril del 2007 (En estas actas de  unas comparecencias celebradas en la Junta General, se pueden comprobar todos estos extremos. En ellas se ve el empeño del gobierno por ocultar la aprobación en el ejecutivo de dicha Estrategia Energética).
7. En mayo de ese mismo año 2007 se sacó a información pública la autorización definitiva de la regasificadora, antes de que la capacidad de regasificación hubiese sido aprobada por el Consejo de Ministros.
8. El Plan Energético Nacional, la “Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016. Desarrollo de las Redes de Transporte”, fue aprobado, con fecha 30 de mayo de 2008, por el Consejo de Ministros.
9. El  18 de septiembre del 2008, el Ministerio de Medio Ambiente resolvió favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental de la regasificadora.
10. el BOPA del 2 de febrero de 2009, publicó la última de las autorizaciones administrativas de la regasificadora, evacuadas hasta la fecha por entidades dependientes de la administración central.
11. Es ahora, y ante las tensiones suscitadas por las actuaciones en la Unión Europea por la deficiente tramitación de los dos contratos sucesivos de las obras de construcción de el puerto de El Musel, cuando tanto el presidente del Principado de Asturias, como el de la Autoridad Portuaria, han reconocido públicamente que ese puerto se construye realmente, para servir de solar para la regasificadora.
12. A estas alturas, siguen sin publicarse en boletines oficiales los acuerdos de Consejo de Ministros y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, sobre la Estrategia Energética del Principado de Asturias y el Plan Energético Nacional. La tesis es que mientras ambos documentos no se publiquen, no se pueden recurrir, tesis absurda, porque con este limbo jurídico se viola la ley y los convenios internacionales, vigentes en España y en Europa -que obligan a dar la información y a permitir recurrir las decisiones-, sin que quepa olvidar que Asturias no pasó la Estrategia Energética por ningún órgano administrativo regional, ya sea en los medioambientales o de ordenación del territorio, y el legislativo sigue sin aprobar el documento, gracias a todas las entidades colaboradoras subvencionadas, dedicadas en exclusiva a escondernos a todos este denso historial de un expediente que roza lo criminal en la forma de su tramitación.

 

 

 

Etiquetas: José Luis Rodríguez Zapatero, Fernando Menéndez Rexach, Florentino Pérez, ACS, Plan Energético Nacional, El Musel, Vicente Álvarez areces, Estrategia Energética del Principado de Asturias, UTE Dique Torres
Etiquetas:ACS, El Musel, Estrategia Energética del Principado de Asturias, Fernando Menéndez Rexach, Florentino Pérez, José Luis Rodríguez Zapatero, Plan Energético Nacional, UTE Dique Torres, Vicente Álvarez areces

Esta entrada fue escrita el Sábado, 25 de Abril de 2009 a las 5:45 pm y archivada en Asturias, Economía y Laboral, Nacional. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.