Ellos ya han cogido el dinero, en breve, echaran a correr

Suele decirse que la administración autonómica tiene la ventaja de acercar la gestión de las cuestiones esenciales al ciudadano, dejando de lado sus evidentes costes de ineficiencia y la inevitable tendencia al caciquismo que genera. Cada vez hay más motivos para sospechar que las autonomías no acercan nada, sino que ponen el interés general en manos de grupos blindados de profesionales de la política, que se ponen la democracia y la justicia por montera.  La negativa del gobierno de Asturias a enseñar sus planes para el sector eléctrico, tramitados y aprobados a escondidas de los ciudadanos, y descubiertos casualmente gracias a la presión desarrollada por las entidades cívicas, y a la rebeldía de los medios de Internet, pone sobre la mesa la evidencia de esa mentira, que en nuestro caso se agrava por las aterradoras consecuencias que sus planes van a tener para la salud de las personas.

La firma por España del Convenio de Aarhus y la aprobación de la LEY 27/2006, de 18 de julio, que regula la participación de los ciudadanos en los asuntos medioambientales, nos dan los fundamentos jurídicos que demuestran hasta qué punto la tentación antidemocrática se ha puesto, en nuestra comunidad autónoma, al servicio de negocios cada vez más sucios y rechazables, que se desarrollan en medio de un alarmante clima de crisis industrial, y por ende económica y laboral, que siguen a la catástrofe del ladrillo. La administración no puede negar la información sin enfrentarse a un grave procedimiento por violar frontalmente las leyes, y aún así, la niega. ¡Qué grave tiene que ser la situación!

La catástrofe de la construcción nos demuestra que no estamos gobernados por los más responsables y capaces de entre nosotros, sino por los más codiciosos, suicidas e irresponsables. Es una dura verdad, pero demostrable. Aquí no se gobierna para la mayoría, sino para los intereses de quienes financian la política y el enriquecimiento personal de muchos políticos. La verdad aflora, demostrándonos que las decisiones más antisociales pueden adoptarse sin pestañear, si hay mucho dinero por el medio.

En el caso del ladrillo, hablábamos de robar. Con el negocio eléctrico, hablamos también de matar.

Son muchas las ocasiones en las que he denunciado el empeño del Gobierno de Asturias en ejecutar su propio plan energético, para impulsar negocios nefastos para la población, por no responder a una planificación que contemple las lógicas limitaciones que los gobiernos tienen que tener en cuenta, cuando se trata de jugar de manera desvergonzada con la salud de las personas.

La relación entre las enfermedades oncológicas y las actividades industriales, es decir, la contaminación procedente de la industria, es un hecho comprobado, y los datos están al alcance de cualquiera con un mínimo de sentido común, en el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, que publica en su “Atlas municipal de mortalidad por cáncer en España” datos que no suelen ser divulgados.

La última vez que la ciudadanía tuvo la oportunidad de conocer estos datos, porque se hablase de ellos en un periódico, fue en el año 2007. En una información publicada por La Nueva España, se reconocía con claridad que “Asturias se encuentra entre las comunidades donde el alto número de casos sólo se puede explicar por contaminación industrial, lo que también se ha dado en denominar cáncer laboral”, un fenómeno que de acuerdo con este instituto explica por qué Asturias es “una de las comunidades más expuestas a los tumores cancerígenos”.

La negativa del Gobierno del Principado de Asturias a entregar el expediente de la Estrategia Energética del Principado de Asturias a la Agrupación de Colectivos Asturianos, ACA, (aquí tienen publicados los documentos) que representa a más de cuarenta asociaciones cívicas que luchan por defender los derechos de los ciudadanos aplastados por la administración, es una decisión dictatorial y arbitraria, que no sólo choca frontalmente con las leyes, sino que además manifiesta bien a las claras la necesidad de ocultar de manera desesperada, cuando no enloquecida, la gravedad de las decisiones que se están adoptando, ahora que la crisis industrial abierta por el anunciado cierre de un alto horno por Arcelor, pone en evidencia la realidad del precario tejido económico asturiano, dependiente en realidad del momio eléctrico, mediante el recurso a tarifas especiales de imposible sostenimiento en el tiempo.

Justificar el mantenimiento de una estructura industrial como la asturiana, con la financiación del llamado “déficit de tarifa eléctrica”, no sólo es echar agua en un cesto que pierde por los cuatro costados, sino mantener un estado de cosas con el que se justifica en realidad un nefasto negocio particular. Cuando un problema que no tiene solución, se mantiene artificialmente, dejando la inevitable catástrofe al curso del tiempo, se está manteniendo un estado de cosas y artillando una bomba de relojería, no por el impacto sobre el empleo de un posible desmantelamiento, sino porque con ese empleo con el que se justifican las cosas, se gana tiempo también para otros negocios, que son los que realmente importan a quienes toman las decisiones.

Asturias es hoy un erial, en el que se mantenía una industria residual en derrumbamiento, una pescadilla que se muerde la cola, pues ese frágil rosario de grandes empresas intensivas en mano de obra, se apoyaba sobre una excepcionalidad legal, que tarde o temprano se derrumbaría por un soplido, pero también servía como justificación para los excesos que nos convertían en la comunidad más peligrosa de España, para sus ciudadanos, desde el punto de vista de la salud. Se nos acostumbró a soportar el desastre de nuestra salud pública, en beneficio del empleo. En el fondo, otra gran mentira, pues lo que se perseguía era algo muy diferente. Estamos acostumbrados a que todo lo nuestro sea corrupción. Con una ganadería hoy residual, se justificó el inmenso fraude de la leche, al igual que con una anecdótica minería, se dio cobertura al astronómico fraude del carbón. ¿Hay algo aquí que no sea fraude?

Se ganó tiempo con el juego de las tarifas, y ese juego se ha utilizado nuevamente como pretexto para planificar un nuevo impulso al sector eléctrico, apoyado otra vez sobre el fraude, que si no tenía más justificación que el mantenimiento de unas industrias que se derrumban solas, apoyadas en un momio antieconómico -que ahora la crisis barre con un soplo de aire-, bien a la vista queda lo absurdo de tales pretensiones, cuando se descubre la inviabilidad de la construcción de un nuevo puerto, eje sobre el que pivota la única “política industrial existente”, cuya única razón de ser no es otra que la instalación de la regasificadora de El Musel. Todo formaba parte del mismo plan, y ahora todo salta por los aires, como no podía ser de otra manera. Bien se llorarán las complicidades con las que se tejieron tales silencios, en el carbón, el acero, la leche, el zinc, el ladrillo, y ahora, con el kilovatio.

Es terrible descubrir que no tenemos ni un negocio normal. De ahí la montaña social de silencios y complicidades, que en Asturias, como en Sicilia o Nápoles, explican la inercia colectiva.

la ampliación del puerto y la regasificadora que motiva la continuidad de la apuesta por los graneles, sólo se puede justificar con las necesidades de importación de gas, para abastecer la industria que se pretende crear -cuando se derrumba el desastre de lo existente-, y en realidad hablamos de un anacoluto industrial en bancarrota. Es decir, la construcción de esta regasificadora sólo se puede ejecutar, una vez solucionado el problema de la financiación del puerto, si en Asturias se instalan los seis ciclos combinados previstos en este momento, que requieren un desmesurado anillo de alta tensión que colmatará de instalaciones dañinas, rodeándolo, todo el “ocho” central asturiano, con los efectos colaterales de las grandes líneas de evacuación que saldrán de ese anillo en todas direcciones, para dar servicio a las nuevas instalaciones de Gijón, Corvera, Trubia, Mieres, Soto de Ribera y Langreo, que vendrían a sumarse a las existentes, no a sustituirlas, con un impacto brutal y directo sobre la salud de 800.000 personas, que sufren ya, sin que se haya instalado todo eso, la mayor incidencia de enfermedades cancerígenas de España.

Mientras, el castillo de naipes montado sobre el “déficit de tarifa”, se derrumba solo, podrido como estaba, con el soplido de la crisis como detonante.

Que nuestros gobernantes sostengan estos planes malvados y dolosos, podría decirse que asesinos, ya no puede sorprender a nadie que conozca de cerca la ausencia de moral pública y ética privada que caracteriza nuestra partitocracia, pero que encima violen las leyes abiertamente, al negarse a dar la información que están obligados a dar, legitima a los ciudadanos para adoptar medidas de denuncia extraordinarias, pues salta a la vista que ellos no van a quedarse aquí a morir de cáncer, en medio de una ola de violencia social que seguirá al derrumbamiento de todos los dibujos en el aire, sino que disfrutaran de lo que hayan acumulado en comisiones ilegales, a costa de nuestra salud, en algún remoto paraíso fiscal.

Los ciudadanos responsables deben acudir a Europa en busca de socorro, ante la gravedad de los hechos que estamos viviendo, y ponerlos en relación con el gran fraude del puerto de Gijón. O denunciamos ahora, o nuestras mafias nos silenciarán con la catástrofe social que se nos viene encima.

Esta entrada fue escrita el Viernes, 10 de Abril de 2009 a las 12:25 pm y archivada en Asturias, Economía y Laboral. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.