La crisis económica está poniendo en estado de coma los planes de recuperación  del gobierno de España, y ha relegado a un segundo plano el debate sobre la financiación autonómica.  No hay política industrial ni margen de maniobra para hablar de tal cosa, pero tampoco hay dinero. Las autonomías españolas van a depender cada vez más de su propia capacidad de generar actividad y empleo. En el caso de Asturias, desconocemos cuáles son ahora los planes del gobierno, y especialmente, cuál es su política industrial (¡qué diablos; no existe!). La única de la que teníamos noticia, la basada en la generación eléctrica -en la que se pusieron todas las expectativas-, está llamada al fracaso, dada la coyuntura que vivimos, con unas previsiones a la baja que convierten los sueños eléctricos del gobierno del Principado en una quimera. Coincidiendo con el final de esa pesadilla, hemos conocido el proceso seguido para llegar a esta loca situación en la que ahora nos encontramos. Su profunda ilegalidad, su irracionalidad económica, su supeditación a la evidente necesidad de financiar la actividad de los partidos políticos, locura tras locura, nos pone en el peor de los escenarios posibles. Todo se ha urdido de espaldas a la sociedad y ahora la reacción se hace imposible, porque los políticos asturianos están atrapados en su propia trampa. ¿Asistiremos impasibles a la catástrofe de nuestro futuro, atrapados por los inconfesables compromisos de nuestros dirigentes? Eso parece, porque salvo casos muy aislados, no se percibe ninguna reacción en la sociedad asturiana, y un ejemplo tan dramático como es el encierro de los prejubilados de Naval Gijón en el astillero, nos pone delante de nuestros ojos la enorme falta de sensibilidad asturiana, ante los procesos que nos conducen al desastre colectivo.

Cuando los socialistas tomaron el poder, en marzo del año 2004, se hicieron grandes cambios en la contratación pública y en los mecanismos administrativos que gestionan los grandes negocios de la administración. Se cambiaron totalmente los conceptos por los que se orientaba el diseño de los grandes medios de transporte, como la alta velocidad y sus grandes obras de infraestrutura pendientes, se adjudicaron inmediatamente otros enormes proyectos pendientes, y se revisaron inmediatamente los planes y programas de los que dependen las grandes inversiones de fondos públicos, españoles y europeos.

Tan grandes cambios, tales saltos, sólo se pueden explicar, por una prisa desmesurada para arrebatar las obras a los contratistas beneficiados por grandes adjudicaciones negociadas -sí aquí se negocia la contratación- con el Partido Popular, para otorgárselas a contratistas diferentes en unos casos, y a los mismos en otros, tras una renegociación protagonizada por el Partido Socialista. La modificación de los contratos de los túneles de la Variante de Pajares fue una operación muy llamativa, pero no una excepción en un cambio masivo de criterios aplicado por la nueva ministra de Fomento en toda España, en el mes de junio del 2004, nada más sentarse en el sillón.

Con la misma prisa, y casi sin darse tiempo a tomarse un respiro, la Autoridad Portuaria de Gijón, un híbrido administrativo entre el Principado de Asturias y Puertos del Estado, adjudicaba a la UTE Dique Torres un contrato para ampliar el puerto de El Musel, todo un hito en la historia de la contratación pública, por su cuantía, y como luego se demostró, por su zafiedad, una vez que el contrato fue  cuestionado de arriba a abajo por la Unión Europea, por sus irregularidades.

A día de hoy se desconoce totalmente cuál fue realmente la justificación de esta magna obra -no hemos tenido acceso a los documentos que lo justifican, si es que existen-, puesto que según las explicaciones dadas a posteriori por el presidente de la Autoridad Portuaria y por el presidente del Principado, su finalidad no es otra que la construcción de la regasificadora. Es evidente que la construcción de esta instalación de transformación y almacenamiento de gas no pudo utilizarse como justificación, puesto que cuando se adjudicó el puerto no se había tramitado ni un papel para construirla, dado que no estaba incluída en la planificación energética nacional.

El 2 de febero del 2006, la Comisión Nacional de la Energía, informaba en contra de la inclusión de la regasificadora de El Musel en la inmimente revisión de la planificación energética que se produjo en marzo del 2006. La CNE lo expresó así: Como comentario específico al incremento de la capacidad de entrada en base a plantas de regasificación, cabe hacer mención de la nueva planta de El Musel, situada en Asturias. Este proyecto no estaba considerado en la planificación de 2002 y aparece en esta revisión sin venir acompañado de ninguna argumentación que justifique los criterios seguidos (económicos, por seguridad, etcétera) para su inclusión en la planificación como alternativa al incremento de la capacidad de otras plantas ya existentes o incluidas en la planificación con anterioridad. Es evidente que El Musel necesitaba un argumento y ese argumento se estaba fabricando a toda velocidad, sobre nada, al igual que el puerto.

Para justificar la regasificadora, con la que a su vez se pretende justificar El Musel, y viceversa, en una pescadilla especulativa que se muerde la cola (mucho dinero para construir el puerto; mucho dinero para construir la regasificadora) era necesario dotar Asturias con una monstruosa red de ciclos combinados (mucho dinero para construir los ciclos combinados) en esa revisión de la planificación energética. Así, el gobierno de Asturias PSOE-IU, conseguía que Madrid asignase al Principado nada menos que una previsión de más de 8.700 MW tras el final del plan en el año 2011, cuando se partía de una realidad, en el año 2006, que era de 3990 MW, una realidad que apenas si ha cambiado en el año 2009, con la incorporación de los 418 MW de Soto de Ribera 4. La retirada de Endesa, con proyectos en Mieres y en Gijón, así como la caída de la demanda eléctrica y de las importaciones de gas, completan el panorama de un proyecto que se inició sin ningún estudio serio, como una catarata de hechos consumados, y ahora se está a la espera del final de la tramitación de los proyectos de Soto 5, Tamón y Lada, que es lo que queda de unas previsiones que nada tienen que ver con la realidad.

¿En qué se basó el gobierno de Asturias para pedir 4.690 MW de capacidad instalada en la planificación indicativa nacional del 2006, cuando a día de hoy la situación es que esa demanda apenas si se puede justificar en una pequeña parte? Evidentemente, en unas precipitadas y desordenadas negociaciones que fueron desechadas rápidamente en casos tan clamorosos como el de Avilés, donde se pretendía instalar dos centrales en el solar de la antigua Térmica de Ensidesa, o en Oviedo, en Trubia, en Mieres y en Langreo, el primero rechazado por el ayuntamiento, el segundo postergado por su promotor, y el tercero que no deja de ser una expectativa que no está incluída en el plan estratégico de Ibrdrola. Resumiendo, en nada serio. No había estudios reales de demanda que justificasen las justificaciones.

La falta de seriedad de la planificación nacional aprobada a uña de caballo en marzo del 2006, enlaza con un hecho sorprendente, como es la aprobación, unos meses después, de la Ley 27/2006 de 18 de julio, pendiente de aprobación desde la ratificación del convenio de Aarhus en diciembre del 2004. Así, la ley que obligaba a los gobiernos a dar participación efectiva e información a los ciudadanos en la elaboración de los planes energéticos, entraba en vigor pocos meses después de que se aprobasen las frívolas previsiones de capacidad instalada y la capacidad de regasificación para El Musel, que se aprobó también en el documento de marzo del 2006. Quedaba todo lo relacionado con las líneas de alta tensión y los gasoductos, que habían de tramitarse ya con la Ley Aarhus en vigor, ¡menudo problema!

“¿Problemas a mí?”, se dijeron las autoridades asturianas, “¿información pública?, ¿participación?” Vanas palabras…

La Orden Ministerial ITC/2675/2006, de 1 de agosto del 2006, se despachó nada más aprobarse la Ley Aarhus, con la planificación indicativa aprobada con las frívolas previsiones de demanda de generación que hemos visto, y con la previsión ya de una capacidad de almacenamiento de 300.000 m3 de gas natural en la regasificadora de El Musel. Con esa orden se iniciaba el proceso para la reforma de la planificación obligatoria, que afectaba a la construcción de nuevos tendidos para la malla de alta tensión, los gasoductos necesarios para conectar El Musel con la red, así como los que habrán de conectar los ciclos combinados que finalmente entren en servicio, sin olvidar una ampliación de la capacidad de regasificación de gas a almacenar en Gijón, desde los 300.000 m3 previstos en el 2006, hasta el millón de metros cúbicos previstos finalmente en la nueva planificación aprobada por el gobierno en mayo del 2008, con la Planificación de los Sectores de la Electricidad y el Gas 2008-2016, que dio cobertura a la impresionante malla de infraestructuras que se pretende construir en Asturias.

Y, ¿qué hizo Asturias, con sus competencias estatutarias en materia de Industria, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y con su obligación legal de dar información a los ciudadanos y participación en todo el proceso de tramitación del expediente, en sus competencias? Nada. El gobierno de Asturias pidió un documento a la Fundación Asturiana de la Energía, el conocido como Estrategia Energética del Principado de Asturias, en el que se recogían las previsiones de la frívola planificación del 2006, y en el que se establecían las previsiones finalmente aprobadas en la planificación de Madrid. Ese documento se aprobó por el ejecutivo PSOE-IU en el consejo de Gobierno celebrado el 11 de abril del 2007, tal y como reconoció tras una larga batalla por la información el consejero Graciano Torre a la agrupación ciudadana ACA, sin pasar por ningún órgano de la administración salvo el propio ejecutivo, a escondidas de la sociedad, y fue finalmente remitido a Madrid para su incorporación a la planificación obligatoria nacional.

En resumen, y ahora que nos encontramos ante una crisis económica brutal, con una caída espectacular del consumo eléctrico y de la demanda de gas, resulta que la única política industrial de Asturias es la que centra todas sus expectativas en un sector sin futuro, construído sobre una planificación ilegal y antidemocrática, que prevé la instalación, en una comunidad de 1.000.000 de habitantes, de una capacidad eléctrica de generación del 10% de toda la energía a generar en España en el 2011. Y todo ello, impulsado por un gobierno de coalición de la izquierda “rojiverde”, que basa buena parte de su propaganda en los tópicos ecologistas bien conocidos de todo el mundo.

O reaccionamos, o nos queda el hambre, así de crudo…

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Esta entrada fue escrita el Miércoles, 20 de Mayo de 2009 a las 2:08 pm y archivada en Asturias, Economía y Laboral. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.