El nuevo fondo de rescate bancario, que el Gobierno quiere sacar adelante este mes, según reconoció finalmente la vicepresidenta económica del Ejecutivo, Elena Salgado, después de haberlo negado, tras una primera declaración favorable a tal operación rescate, por parte del jefe del ejecutivo, no puede implicar una reforma sustancial e inmediata de la regulación de las cajas de ahorro, ante la decidida oposición de los dirigentes políticos de las comunidades más duras, y especialmente las regidas por los nacionalistas -pero no sólo ellas-, aunque la gravedad de la situación no permite otra cosa que ejecutar cambios urgente que afectarán a las entidades en dificultades, cuyos responsables políticos tendrán que aceptar cualquier solución que se les imponga desde el gobierno del Estado, ante la eventualidad de las responsabilidades que les generaría la quiebra de una entidad bajo su tutela.

En realidad, la dificultad esencial que plantea la reforma del marco normativo en el que se puede ejecutar de una manera razonable la intervención de las cajas, se ve obstaculizada por problemas similares a los que han llevado a dejar aparcada la negociación de la financiación autonómica, con lo que se podría llegar a vivir, en este otro asunto, un itinerario paralelo al que lleva la financiación, a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Una pescadilla que se muerde la cola, la financiación paraliza la sentencia y la sentencia paraliza la financiación; todos se miran, y todos tiemblan.

Por una parte, parece una evidencia que cada día que pasa los ingresos fiscales son menores, y por lo tanto es menor la cantidad a repartir entre comunidades autónomas, teniendo en cuenta que este reparto tiene que realizarse una vez que Cataluña haya cerrado su propio acuerdo con el gobierno, que debería escenificarse a la vez que un acuerdo posterior, a presentar en paralelo, también entre Madrid, pero con el resto de las comunidades representadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un encaje imposible cuando el depósito está cada vez más vacío, sobre todo si se tiene en cuenta que no se pudo lograr cuando andaba mediado.

Con las cajas parece que pasa lo mismo. Necesitadas de una importante inyección de fondos, que el gobierno evalúa en 9.000 millones de euros y una capacidad de endeudamiento de 90.000 millones, para hacer frente a la falta de liquidez derivada de las rigideces que se han apoderado del mercado de capitales, pero también, y muy especialmente, del altísimo nivel de endeudamiento que con ellas mantienen las empresas inmobiliarias con más vinculaciones políticas, sometidas a procedimientos concursales, salta a la vista que las cajas quieren el dinero de Madrid, pero sus dirigentes no están dispuestos a permitir que el Banco de España tome las riendas de su gestión, mediante la entrega de cuotas participativas con derechos políticos, que permitirían al supervisor ejercer el control de estas entidades, pero también una ulterior recuperación de parte del dinero invertido, mediante procesos de “desamortización” de estas cuotas, que es como ahora se denomina, al parecer, la posible privatización de parte de las cajas de ahorro del sistema financiero español.

Una denominación, ésta, que habla de “desamortización”, que evoca recuerdos históricos muy pertinentes, ya que resulta imposible no establecer un parangón entre el papel que juega la clase política en nuestra sociedad, y el que jugaron clérigos y religiosas en otras épocas de la historia de España, en las que la corona no tuvo más remedio que arrebatar los bienes empantanados en las “manos muertas”, para liberar las energías del sistema productivo.

Para completar estos cambios, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero necesitaría un acuerdo político que incluyese al PP, pero también a todas las fuerzas políticas nacionalistas con mando en plaza, así como una reforma de la legislación reguladora de las cajas, sin olvidarnos de profundas modificaciones de los estatutos de autonomía, que a su vez soportan leyes y reglamentos regionales desarrolladas a partir de los propios estatutos, pero también más o menos ajustados a la regulacion nacional del sector, dentro de una complejísima organización establecida al servicio de la permanencia en los cargos, a toda costa, de los directivos de estas entidades, deudos de los reyezuelos de Taifas y sus circunstancias, que han ido buscando reformas continuadas que les permitiesen eternizarse en sus poltronas.

Como hablamos de información altamente sensible, y en los órganos rectores de las cajas hay representantes de toda la partitocracia con delegación en Madrid, y en prácticamente todas las comunidades autónomas, no va a fluir de momento una información real que dé cuenta del estado de salud finaciera del sistema español de cajas de ahorro, pero la sensación general es que la necesidad del rescate financiero es tan apremiente, como difícil el ejecutarla, por la propia resistencia de esas partitocracias locales, que lo que pretenderían sería obtener el dinero sin ofrecer a Madrid ningún tipo de control desde el Banco de España, sueño vano, porque una solución de ese tipo es inabordable, por falta de fondos y de aval para una operación de tal naturaleza, pero sobre todo, porque chocaría también de manera frontal contra la legalidad del sistema, cosa no muy importante en España, pero que tampoco se puede obviar de raíz.

Al carecer de esa información, se desconoce cuáles son las prioridades desde el punto de vista de la posibilidad de que, entre acuerdos de partidos, consensos con los sindicatos y agentes sociales diversos, reformas legislativas, estatutarias, y pulsos con los nacionalistas, el toro se desboque, y el desenlace final que se llevó por delante la Caja de Castilla La Mancha se generalice, y España tenga que reconocer, por este extraño e inesperado camino, la inviabilidad esencial del sistema autonómico, antes que por la imposibilidad  de llegar a una salida para la propia financiación de las comunidades. Todo ello, sin olvidar los rumores de quiebra de buena parte de los sistemas sanitarios transferidos, que también dan poderosas coces en los toriles de un sistema que hace aguas por todas partes, y que o da paso a una Segunda Transición, o nos llevará directamente al caos económico e institucional.

De esta manera, las cajas de ahorro, un pilar fundamental sobre el que se asienta la retribución de una multitud de cargos públicos de las burocracias políticas autonómicas, así como la financiación de los propios partidos y empresas vinculadas a la política y a los políticos de las comunidades, pueden ser el detonante de la reconsideración del sistema implantado en la Transición, y de la apertura de un nuevo escenario, en el que no hay otro remedio que abordar la situación creada tras alcanzar un equilibrio de facto, basado en un federalismo asimétrico, en el que todas las burocracias locales se endeudan sin responsabilidad, atribuyendo al estado unas capacidades mágicas de las que carece, pues los tiempos del superávit hace ya mucho tiempo que se esfumaron, y no hay razones para pensar que puedan volver.

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Esta entrada fue escrita el Miércoles, 10 de Junio de 2009 a las 1:09 am y archivada en Economía y Laboral. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.