Obras en Punta Langosteira, puerto exterior de Coruña
Tanto tras el sobrecoste de El Musel, en Gijón, como del sobrecoste del puerto exterior de La Coruña, aparecen la UTE Langosteira y la UTE Dique Torres, adjudicatarias de las obras de ambos puertos, al final, con variantes locales (siempre hay una especie de comisionista local en toda UTE), la misma empresa, Dragados, que es la división de puertos y logística de ACS, que también gestiona los principales activos del puerto de Santander, entre los que destaca la terminal de graneles sólidos. Tres puertos vecinos, del confín más remoto, distante, marginal y corrupto de España, y una misma gran empresa que anda buscando novios para su división portuaria. Vistas así las cosas, sólo un tonto podría pensar que de repente se empiece a hablar, a la vez, de privatizaciones en Coruña y Gijón, especialmente si nos paramos a pensar que Santander ya es privado. No está de más que echemos un vistazo a cómo se gestionan los puertos en Europa, para que nos demos cuenta de que nos están vendiendo una moto enorme, para justificar el asalto a uno de los principales patrimonios de las naciones europeas, como son sus puertos, al servicio de una operación de pura y dura especulación financiera. La rapacidad de nuestra partitocracia no tiene límites.
Los brutales sobrecostes generados en Coruña y Gijón no son, en ningún caso, una mera concidencia, ni se puede sostener tal cosa, cuando están siendo construídos por el mismo grupo de empresas, controladas por ACS, que a su vez viene negociando desde hace muchos meses la venta de Dragados, su división de puertos, a una gran compañía extranjera. La venta de Dragados está cruda, porque la actividad portuaria se derrumba, y ACS no acaba de llegar a un acuerdo con el principal candidato, JP Morgan.
ACS, como es sabido, necesita dinero para hacerse con el control de Iberdrola, objetivo para el que ya vendió su participación de control en Unión Fenosa. Visto así, los sobrecostes generados en El Musel y Langosteira no son más que una pequeña pieza en el enorme puzzle especulativo español, para generar liquidez al grupo controlado por Florentino Pérez, la familia March y los Albertos.
Así pues, la privatización del puerto de El Musel recientemente anunciada como “externalización” para desviar la vista de lo esencial, no se puede desligar de ninguna manera del proceso de privatización del puerto de La Coruña, ni por supuesto de la concesión de la terminal de graneles sólidos del puerto de Santander, puesto que tanto en Santander como en Gijón vemos la presencia de los mismos personajes trajinando contratos y obras.
Mientras que El Musel y La Coruña tienen dos enormes sobrecostes que las administraciones portuarias de ambas entidades no pueden financiar sin recurrir a la privatización -en el caso de Asturias, se está renunciando incluso a cargar el sobrecoste a la UTE, a pesar de tratarse de un contrato “a riesgo y ventura”-, Santander ya se construyó como concesión a Dragados.
Dragados, del grupo ACS, construyó, con un presupuesto de 60 millones de euros, mediante concesión, la terminal de graneles sólidos del espigón de Raos, en Santander, y se trata de una obra singular, pues allí se manipula el carbón bajo cubierta, con lo que se evitan las nubes de polvo que en Gijón hacen incompatibles los graneles con las mercancías generales.
La presencia de Dragados en Santander, y el proceso de privatización generalizada del puerto cántabro, coincide en el tiempo con el paso por la presidencia del puerto y la consejería de Industria del gobierno de Cantabria de personajes como el ex Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Miguel Ángel Pesquera, o Javier del Olmo, que fue director general de Transportes en Asturias primero, y después, director general de Transportes, presidente de la Autoridad Portuaria y consejero de Industria en Cantabria, puesto del que tuvo que dimitir por sus permanentes conflictos laborales.
El caso de Miguel Ángel Pesquera es paradigmático, pues tuvo que dimitir como presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, al ser procesado por prevaricación, al intercambiar acciones de Oligsa, por acciones de Ebhisa, las empresas que gestionan, respectivamente, la explanada de Aboño y la terminal de graneles de El Musel, acusado de entregar a las empresas privadas patrimonio público en forma de acciones infravaloradas de Puertos del Estado, en espacios ya privatizados del puerto de Gijón.
Esta precipitada dimisión de Pesquera, impidió que adjudicase la ampliación del puerto gijonés, que sólo se pudo ejecutar tras la victoria socialista del 2004, con la presencia del presidente socialista de Asturias, Vicente Álvarez Areces, en el consejo de administración en el que ésta se acordó.
Pero claro, este baile de directivos entre puertos controlados por ACS como son los de Santander y El Musel, no podía ser la única circunstancia llamativa de todas estas evidentes relaciones, pues resulta imposible desligarlas del proceso iniciado por el ministro de Fomento José Blanco, que está impulsando la privatización de los puertos de La Coruña y Gijón, con su presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe -que además de presidente de Galicia también fue primer teniente de alcalde en La Coruña- dedicado full time a evitar una ruptura con el gobierno popular de Alberto Núñez Feijoo, que puede romper la baraja de toda esta operación, al acceder a los datos de las deudas de La Coruña, tras su victoria electoral, en lo que es la vía de agua gallega de todo este gran merengue. No conviene olvidar que ya corrieron abundantes historias sobre la “compra” de servicios de asesores del PP en Coruña, con sueldos de infarto por mejorar la imagen del agujero langosteiro.
Pendiente todo este proceso, de cómo se vista políticamente la privatización de los puertos de El Musel y La Coruña, cuyos primeros tanteos ya se iniciaron a través de La Opinión de Coruña y La Nueva España de Asturias, que tuvo “acceso privilegiado” a la información relacionada con los primeros globosondas lanzados por Blanco y González Laxe, no podemos obviar la evidente relación que existe en esta pretendida permuta de “pufos” de Gijón y La Coruña (pufos que oscilan, pues mientras el ministro habla de 150 millones de euros en Gijón, el consejo de administración del puerto pidió a Europa 250 millones para su agujero) por concesiones para Dragados en ambos puertos, y el propio proceso de venta de Dragados.
Son muchos los medios de comunicación que han dado cuenta de las negociaciones entre ACS y JP Morgan para la venta de Dragados. Esta información bastante reciente es de finanzas.com, y procede de “fuentes conocedores de las conversaciones, que están siendo coordinadas por Mediobanca, entidad que asesora al grupo presidido por Florentino Pérez en su reorientación estratégica”:
Según dichas fuentes, ACS habría alcanzando un principio de acuerdo para vender su filial -Dragados- por algo menos de 1.000 millones de euros, lejos de los 1.500 que llegó a pedir en la primera ronda con potenciales compradores. Entre ellos estaban Global Infraestructure Partners, participada por General Electric y Credit Suisse, la china Merchants y el fondo inmobiliario de Dubai Reef Real State Investment. Todas se fueron retirando al ver que ACS no bajaba de sus pretensiones.[...] Sin embargo, fuentes conocedoras de las conversaciones aseguran que el holding español de construcciones, servicios y energía ha acercado posturas con JP Morgan, el único de los candidatos que sigue en pie. Hasta el punto de que indican que el banco estadounidense está haciendo ya el estudio de las cuentas internas de Dragados SPL o due dilligence, lo que significaría que ya hay un acuerdo preliminar de precio entre las partes.
Es evidente que un rápido acuerdo entre Dragados, Puertos del Estado, el gobierno de Galicia y el gobierno de Asturias, para que la empresa de logística de ACS se quede con la gestión de las instalaciones a crear en las ampliaciones “agujereadas” de La Coruña y Gijón, puede contribuir a mejorar el precio de la venta de la compañía concesionaria de las obras de estos puertos, que lo tendría muy mal, si por el contrario se le exige que asuma el pufo creado en las obras.
Y aquí se termina esta historia, en la que está todo clarísimo, lo fundamental, que es para quiénes trabajan como empleados nuestros políticos -con su criminal retribución en forma de comisiones ilegales-, aunque por supuesto queda muy oscuro qué ha ocurrido con nuestro dinero, el que hemos puesto ya, y el que vamos a tener que poner todos, de nuestros impuestos, para que ACS mejore su negocio con Dragados, vendiendo nuestros puertos, el de Gijón y el de La Coruña, bienes estratégicos de los ciudadanos españoles desde los tiempos de los romanos, que por lo que se ve pretenden colocar a una banca con sede en Nueva York, símbolo del tan denostado capitalismo que tantas veces dicen que ha fracasado, los mismos que luego, por detrás, y a escondidas del pueblo, asaltan, desbaratan y malvenden su patrimonio, mediante los más inconcebibles artificios, para que un grupo especulativo pueda deshacerse de un activo pequeño, para controlar otro más grande.
¡En qué manos estamos!
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