Llevo mucho tiempo dándoles vueltas a las catastróficas consecuencias que el sistema autonómico español está teniendo para nuestra salud económica, política y social, y siempre tuve la sensación de que el coste directo de las autonomías no es el problema, a pesar de la factura de las manos muertas subsidiadas por el sistema, que es alta, puesto que la realidad es que España no se encuentra en cifras exageradas en cuanto al coste de sus servicios públicos, en relación con lo que suponen estos costes en Europa.
El problema no es lo que cuestan las autonomías, sino cómo se distribuye el gasto, con qué eficacia, qué desarrollo tienen las prácticas ilegales que convierten en socialmente inútiles sus presupuestos, y sobre todo, y lo peor, qué efectos tiene ese sistema en las actividades económicas privadas que son no menos esenciales para asegurar la calidad de vida de las personas y los servicios básicos, y ahí es donde está el mayor de los problemas, en la línea trágicamente confirmada por la catástrofe del negocio inmobiliario. ¡Qué más da que el gasto público directo no sea desmesurado, si como consecuencia de su ineficacia, la actividad económica se desploma y las administraciones dejan de recaudar!
La realidad es que tenemos un gobierno que intenta contentar a todos, que pone cifras ingentes en actuaciones presuntamente “sociales” de propaganda, mientras por detrás improvisa en todo para complacer y favorecer a los sectores económicos y políticos, de ciudadanos poderosos, creando un impresionante gallinero en las comunidades autónomas, en las que una corte de empresarios de cámara cierra innumerables negocios que luego resultan inviables.
Cada comunidad autónoma gestionó el negocio del ladrillo al margen de lo que sucedía en el resto de España, a remolque de las decisiones de sus respectivas partitocracias, organizando ese negocio en un contexto de relativa independencia con relación a sus organizaciones centrales, y a los organismos reguladores y de control de la actividad económica, independencia agudizada, pero no determinante, en el caso de las comunidades en las que se han desarrollado poderosos grupos nacionalistas. La independencia funcional de un grupo o una coalición de partidos controlados por los nacionalistas, no es diferente de la independencia funcional con la que actúan los barones socialistas o populares en sus respectivas comunidades.
Las partitocracias autonómicas pusieron en marcha “agentes urbanizadores” públicos en sus respectivos territorios, que con financiación presupuestaria, y con el respaldo financiero de su instrumento de crédito, que son las cajas de ahorros, pusieron en el mercado el monstruoso stock de vivienda, que como consecuencia de la crisis financiera global, sufrió un pinchazo que ha dejado al descubierto las dimensiones reales de la burbuja inmobiliaria que determina el crack español, sobre cuya dimensión no se ponen de acuerdo ni los expertos nacionales e internacionales, puesto que uno de los mayores problemas que determina este sistema, es que casi toda la información que procede de las propias comunidades está sistemáticamente falseada.
Pues bien, si analizamos los datos sobre lo que está ocurriendo ahora con el sector energético, empezamos a darnos cuenta de que el desmadre inmobiliario y sus consecuencias, puede ser una auténtica broma al lado de lo que está empezando a cocer en el sector energético. La demanda de electricidad ha caído de manera brutal en lo que va de año, y con esa caída de la demanda, unida a la coyuntura internacional, se ha producido un desplome en el precio de la electricidad, que no sólo no va acompañada de una reducción de la factura de la luz para personas e industrias, sino que muy al contrario, los recibos están creciendo de manera desorbitada, sin que nadie pueda dar cuenta de tan extraño fenómeno, en el que parece tener mucho que ver el desmadre y la falta total de autoridad del gobierno socialista sobre los protagonistas del negocio eléctrico.
Me ha costado mucho empezar a entender los entresijos de la formación del precio del mercado mayorista de la energía, el llamado Pool eléctrico, en el que se subasta de manera contínua ese precio con un corte al alza, desde el que se fija lo que pagan los distribuidores a los generadores, que al final son más o menos los mismos, pero bastante desordenados. La caída del precio de la generación en su oferta a la distribución, que es cada vez mayor, está siendo enormemente agudizada por la intervención pública en las energías renovables, cuyo desmadrado crecimiento en las comunidades autónomas, impulsado por la retórica ecologista, ha provocado un colapso en el Ministerio de Industria, que tiene paralizada la tramitación de innumerables parques eólicos y fotovoltaicos, que llegan aprobados desde las comunidades autónomas, con una gestación plagada de irregularidades. Su producción, enormemente subvencionada, contribuye a desmoronar los precios.
[...] miles de megavatios eólicos, “más de 3.000”, reconocen en la AEE, esperan el prerregistro, exigido tras la aprobación del Real Decreto Ley 6/2009, para saber si serán los elegidos que elevarán la potencia eólica instalada hasta los 20.155 previstos en el PER. La AEE entiende que el registro representa “una garantía de que las instalaciones que entren dentro de esos objetivos percibirán la retribución prevista bajo el RD 661/2007”. Pero también saben que “eso hará más compleja la tramitación de los proyectos”.
Ahora el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ve obligado a ofrecer a las empresas que tienen centrales de carbón, importantísimas ayudas públicas para que quemen las montañas de mineral que se acumulan en las minas y en las propias centrales, y las eléctricas temen que el efecto de estas ayudas contribuya a desmoronar aún más el precio del kilovatio, con lo que dado el bajísimo consumo, y la sobreproducción existente, nos podemos encontrar con un auténtico colapso, inducido por la enorme cantidad de instalaciones de todo tipo, como son las relacionadas con el gas natural, que en estos momentos se están ejecutando.
Excuso decir en qué escenario económico, político y social nos podemos encontrar, en pocos meses, como consecuencia de un auténtico crack eléctrico que está en puertas, en el que no sólo hay que tener en cuenta esos parques de carbones en los que se apilan enormes montañas de mineral, sino también las fábricas de componentes para molinos eólicos, placas fotovoltaicas y bienes de equipo para almacenamiento y centrales de gas, que se enfrentan a la posible ruptura de innumerables contratos para construir ciclos combinados y las infraestructuras periféricas que estos llevan aparejados.
Etiquetas: comunidades autónomas, precio mayorista, eólica, eléctricas, Pool, carbón, fotovoltaica, factura de la luz
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