Hace tiempo que venimos alertando ante la inminencia del estallido de la burbuja energética, algo que se manifestó ya de una manera especialmente acuciante desde que un pacto entre el PSOE y CiU para devolver a las comunidades autónomas las competencias en la tramitación de las energías renovables, destapó el tarro de las esencias. Los síntomas empiezan a ser legión, y ya no es sólo la comedia de enredo organizada entre el Congreso y el Senado con las renovables, por nuestra impresentable partitocracia. El baile de las modificaciones legislativas que afectan a este sector, demuestra que el gobierno está perdido con sus inasumibles compromisos, cuando Izquierda Unida, por poner un ejemplo totalmente loco, acaba de pedir la nacionalización de la minería en Castilla y León, la misma fuerza política que en Asturias apoya desde el gobierno unas locas inversiones en gas natural, y un desmedido crecimiento de la energía eólica, lo que hunde irremisiblemente el carbón, del que dependen muchos miles de puestos de trabajo, y para el que se están adoptando medidas que encajan a martillazos en el tremendo batiburrillo eléctrico español. Ahora mismo, el carbón es la pieza que lo descoloca todo. ¡Qué se lo digan al leonés José Luis Rodríguez Zapatero!
El gobierno y CiU, o más exactamente el PSOE y CiU se engañaron mutuamente, o al menos crearon una comedia de enredo que probablemente nunca sea adecuadamente desentrañada, pues a la vez que se suprimía un registro previo de las nuevas instalaciones subvencionables en el Ministerio de Industria, registro recientemente aprobado por decreto -el pacto implicaba su anulación-, se añadió de tapadillo otra modificación legislativa que dejaba sin primas a esas mismas nuevas instalaciones. Las poderosas empresas del sector termoeléctrico montaron en cólera y todos dieron marcha atrás.
CiU negó ser responsable de ese enredo y el PSOE también, para echarse la culpa unos a otros ante los empresarios indignados. Y ¿quiénes son esos empresarios que se cabrearon? Evidentemente los que ya tenían todas sus autorizaciones y permisos concedidos en las comunidades autónomas, unas comunidades que carecen de mecanismos de control, que mantengan la capacidad de generación energética a instalar, dentro de los parámetros teóricos aprobados en la planificación nacional.
España tiene más del doble de capacidad de generación de lo que el país es capaz de demandar incluso en horas punta. Tenemos ya más de 90.000 megavatios de potencia instalada, a causa de la explosión de las energías renovables, que se han duplicado en los últimos cuatro años, pasando de 11.004 megavatios en 2004 a los 21.921 del año 2008.
Ni en 2008, ni mucho menos en este año, caracterizado por una espectacular caída de la demanda (la caída llega al 5,2% hasta septiembre, según fuentes de Red Eléctrica de España), la economía española ha superado el récord de 44.876 megavatios de potencia eléctrica que se necesitaron el 17 de diciembre de 2007, de acuerdo con los datos de REE que están abiertos a la consulta. En los últimos años, en los momentos de demanda máxima de luz en el país, el sistema eléctrico trabajaba a tasas de hasta el 55%. Ahora es muy difícil que entre en funcionamiento el 47% de la capacidad.
Para hacerse una idea de la situación real en la que estamos, basta con analizar algunos datos parciales como los que proporcionaba este domingo el diario El País, en este caso en energía termosolar: mientras el Plan de Energías Renovables 2005-2010 prevé la instalación de 500 megavatios termosolares, las solicitudes de registro presentadas ante Industria, en la carrera para asegurar el cobro de ayudas, multiplican por nueve esa cifra (4.330 megavatios).
Josep Sánchez Llibre, portavoz adjunto de CiU en el Congreso, el partido que negoció con los socialistas la devolución del control a las comunidades autónomas de las autorizaciones a las renovables, pide en su blog que se cree una “mesa” compuesta por el gobierno central, las comunidades autónomas, los empresarios, los sindicatos y la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, que tome el control del pollo sin cabeza que rige los destinos de un país, cuyo presidente, el incomparable Zapatero, anda diciendo por ahí que nuestra recuperación va a venir de un sector, el de las energías renovables, cuyas posibilidades se han desmadrado totalmente, como vimos que ocurre con los proyectos termosolares, sin que haya en estos momentos datos fiables de lo que se está tramitando en eólica, aunque se sabe que hay 18.000 megavatios a la cola en el registro de Industria, de los que 14.000 son de eólica, y 4.400 de termosolar. Una comunidad de un millón de habitanes, como Asturias, por poner un ejemplo, que tenía instalados 304 megavatios de eólica, acaba de adjudicar otros 675.
¿Realmente hay alguien con dos dedos de frente que piense que ese chicle puede estirarse mucho más sin romper?
Enero está ahí, y la subida del recibo de la luz va a tener efectos dramáticos, pues viene a añadirse a la subida de impuestos como el IVA, y el impacto de las primas de las renovables va a continuar creciendo, mientras la onda expansiva llega a los consumidores y a los empresarios, una vez que ya se ha puesto en marcha el mecanismo para repercutirlo en los recibos, a través de ese pintoresco concepto denominado “déficit de tarifa”, que asumirá 10.000 millones de euros correspondientes al período 2001-2008, y otros 10.000 que se prevén, para el que va desde ese año hasta el 2012, en lo que realidad, se nos aparece ya como todo un plan de rescate para las eléctricas. Por si alguien no lo sabe, esas monstruosas cifras que se van a abatir sobre los recibos, vienen en su práctica totalidad, de las primas a las renovables, “adelantadas” por las propias eléctricas; así como suena.
En semejante escenario, surgen por detrás los compromisos del Gobierno con el Plan del Carbón, cuyo consumo también se va a primar, mientras se abre una incógnita total sobre lo que va a ocurrir con los proyectos pendientes de ciclos combinados y las inversiones eléctricas relacionadas con el gas, como la nueva regasificadora que se supone que se va a empezar a construir en Gijón.
En medio de este caos, ¿quién le pone el cascabel al gato autonómico, verdadera causa de este desmadre, como lo fue del desmadre del ladrillo que nos arruina? No nos olvidemos que el eléctrico ha sido el refugio del capital que huyó a tiempo del estallido de la burbuja inmobiliaria. Descontrol autonómico más corrupción, un binomio letal para España y los españoles.

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