El gobierno dice que la luz va a subir un 2,6%, para ajustar el precio que paga el consumidor por la energía, a los niveles que gobierno y empresas sostienen, pero nunca demuestran, que es el “coste real” de la misma -entendiendo por real, lo que es real, y no ficticio-, consistente en sumarle al precio en el mercado libre de la producción energética, los costes adicionales, como el transporte y la distribución, pero sobre todo el coste regulado de las primas de las energías de régimen especial -las famosas renovables que encima han tocado techo, e industrialmente están en crisis-, más lo que hayan pactado finalmente de pago por capacidad para el carbón, más lo poco que al parecer se debe ya de la llamada “moratoria nuclear”, lo que supone llevar a los precios regulados, el coste que el gobierno considera oportuno, para hacer frente a la deuda artificialmente creada con las compañías, al aceptar que el pago diferido de las primas a las renovables -que como en más de una ocasión ha reconocido la propia patronal, son la parte del león del exceso de coste- se cargue todo ello en el recibo de la luz, mediante la cuota correspondiente al pago de la cantidad adeudada, que las compañías cobran por la mano, “titulizando” esa deuda a través de una emisión de bonos que pagan directamente los usuarios en el recibo:
Unesa calcula que del coste total del kilovatio hora (kWh) de tarifa, el 8,1% (2.356 millones en total) corresponde a este extracoste del régimen especial, mientras que el 0,9% corresponde al plan de eficiencia energética. El 63% de la tarifa procede de costes de generación, y el 16% a la distribución.
Este año la electricidad ya se ha visto sometida a “incrementos muy fuertes”. Industria aplicó en enero una subida del 3,4%, y otra del 2% en julio que, según explica Facua, encubrió un incremento mayor, ya que la medida vino acompañada de la eliminación de la gratuidad de los primeros kilovatios hora de consumo. Los consumidores de Facua, dan datos para avalar su denuncia de que las subidas oficiales no se corresponden con la realidad, y que tales subidas son en realidad mucho mayores.
Además, Facua duda de que sea correcto el dato de Industria de que la subida del 2,6% tenga un sobrecoste de 89 céntimos de euro para un consumidor medio. En la revisión de julio, recuerda, el importe en euros de la subida ofrecido por el departamento de Miguel Sebastián no se correspondió con la realidad. “La cifra porcentual hay que ponerla en cuarentena. No la creemos. La experiencia anterior nos indicó que el Gobierno anunció una subida de 70 céntimos por usuario tipo, pero los cálculos que hicimos pusieron de manifiesto que el usuario medio sufrió un incremento más del triple del anunciado”, afirma Facua. La asociación pide a Industria que publique el precio del kilovatio hora, en vez del porcentaje e importe de la subida, porque no está dispuesta a hacer “un acto de fe”. “Tenemos que hacer un acto de fe y no lo vamos a hacer”, añadió.
Las subidas permanentes de la luz son un gravísimo problema para la producitividad y la actividad empresarial, sin la cual, no hay empleo ni recuperación posibles. Pero nadie lo denuncia, salvo esta tímida salida del PP:
El secretario de Economía y Empleo del PP, Álvaro Nadal, denunció este miércoles que la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de electricidad en un 2,6% a partir de enero aprobada por el Gobierno “condena a agonizar” a más sectores industriales y de servicios, y retrasará la salida de la crisis. Asimismo, advirtió que la decisión del Gobierno “no favorece” la consecución del Pacto por la Energía con el Partido Popular. “Nuestra postura es bien conocida”, incidió Nadal en declaraciones a Europa Press, antes de añadir que el Ejecutivo “debería haber sido mucho más prudente”. “Ellos sabrán por qué lo han hecho” incidió. El dirigente ‘popular’ señaló que la subida de la luz “en una crisis como la actual” en la que “casi todos” los sectores industriales presentan caídas de precios, el incremento adicional de costes por la subida de la tarifa supondrá una “pérdida de competitividad” para las empresas que utilizan “intensivamente” estos servicios.
Entiendo que plantear públicamente de una vez la verdad del déficit de tarifa es un derecho democrático elemental, de tantos que en nuestro país resultan pisoteados a diario, y en este asunto basta con hacer un repaso a la literatura que se encuentra en la red, para comprobar las montañas de majaderías que se escriben y se dicen para esconder que la parte del león de ese supuesto déficit se debe hoy en realidad a las primas que las propias compañias se pagan a si mismas por la entrega de electricidad generada en “régimen especial” -es decir, por las renovables- con cargo a sus propios beneficios, pues estos se siguen produciendo, y de ahí es de donde sale la capacidad financiera para adelantarse el cobro de las primas en generación, para luego volver a cobrarlas otra vez en distribución, con un complejísimo mecanismo intermedio de asignación de costes y beneficios entre compañías segregadas en diversos niveles de actividad, pero participadas por los mismos accionistas.
Las compañías eléctricas ingresaron en total hasta septiembre 9.734 millones, pero incurrieron en un coste de producción de 7.280 millones. De esta forma, el importe disponible para liquidar las actividades y costes regulados fue positivo por un total de 2.453 millones.
En realidad, y por lo que voy viendo, para las compañías eléctricas, el “déficit de tarifa” es una cantidad que éstas se apuntan en la cuenta de la factura de generación, como una deuda creada de manera artificial, que nada tiene que ver con el mercado, que el estado les autoriza a descontar mediante emisiones de deuda, con lo que a los ya de por sí grandiosos beneficios que obtienen, suman estas cantidades adicionales que devengan de las emisiones autorizadas de bonos con cargo a ese supuesto déficit, que los ciudadanos tienen que pagar en el recibo, y que a causa de su contínuo crecimiento, la factura sube y sube, para ir haciéndose cargo del pago de esas emisiones, que se retribuyen en las facturas de la distribución al cliente final, y que vienen a sumarse a los beneficios de estas compañías.
Por cierto, y por si alguien no lo sabe, este sistema, en el que Zapatero cabalga feliz, tiene su origen en un Decreto Ley, el 437, publicado el 12 de marzo de 2004, al día siguiente del 11-M, y no es ni más ni menos que un impresionante momio entregado a las eléctricas por el gobierno de José María Aznar, que vino a unirse al espectacular negocio que ya hicieron éstas con la llamada moratoria nuclear, otro dispendio espectacular con el que se retribuyó, durante muchos años, el desmantelamiento de cuatro centrales nucleares en tiempos de Felipe González.
La única solución para que se sepa cuánto cuesta realmente la luz, y para que los costes excesivos puedan encontrar algún día un ajuste sensato, haciendo viable la recuperación económica de España, es que esas primas que se pagan en generación, en vez de gravitar sobre los recibos, se conviertan en subvenciones contempladas en los presupuestos generales del Estado, lo que por su desmesura pondría en negro sobre blanco lo que actualmente no es ni más ni menos que un gran fraude, y obligaría a reconsiderar de una vez todo este loco sistema que nos lleva directamente a la ruina, al hacer imposible una recuperación económica real, una propuesta de las eléctricas que me parece realmente razonable, pues así los representantes de los ciudadanos tendrían que hacer frente a sus responsabilidades en el Parlamento, en vez de lanzar todo el peso de este negocio directamente a los recibos, de una manera oscura, torticera y antidemocrática, que da paso a todo tipo de sospechas sobre la existencia de una gran corrupción en buena parte de los procesos que intervienen en este negocio.
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