Veo mucho ruido organizado por la emergente comunidad de los llamados bloggers o blogueros, así denominados por los medios tras el fracaso de la pretensión de traducir el barbarismo blog por la española bitácora, que de haber triunfado serían llamados bitacoreros, o marinos, que como navegantes anotarían sus observaciones a la navegación en sus bitácoras.

Los bitacoreros, a los que a partir de ahora llamaremos blogueros, mal que pese a la Real Academia Española, que todavía no ha venido a dar solución a este problema, están escandalizados, y con motivo, ante el texto incluído junto con las más increibles modificaciones legales en asuntos urbanísticos o ferroviarios en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, porque la disposición adicional primera de este caótico texto, en su apartado Cuatro, 4, nos dice que corresponde a un siniestro órgano elocuentemente denominado Sección Segunda, que se creará en el momento en el que tal anteproyecto pase todos los filtros:

…, el ejercicio de las funciones previstas en los artículos 8, 11 y concordantes de la Ley 34/2002, para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información.

Se faculta así, a semejante checa interministerial, para

…, adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial.

Y claro, quién o qué puede causar un “daño patrimonial” a un sujeto que se puede sentir perjudicado en sus “derechos de propiedad” intelectual.

Esto es lo que conviene analizar sin aspavientos, al margen de la barbaridad jurídica que supone poner patas arriba la legislación reguladora de la Jurisdicción contencioso admnistrativa, para que haya que otorgar la autorización judicial previa -conquista de los blogueros- para la interrupción de la prestación de un servicio de la información -así se denomina en esta abstrusa terminología al cierre de un sitio Web- “en el plazo improrrogable de cuatro días siguientes a la notificación de la resolución por la Comisión”, que es el plazo que se da al juez para resolver si ese cierre vulnera o no los derechos fundamentales del titular del sitio Web afectado por esta bárbara propuesta legal.

Dice Miguel Peguera, en el lúcido análisis que realiza en su blog “Responsabilidad en Internet”:

El objetivo declarado de esta iniciativa son las webs de enlaces a archivos de obras protegidas ilícitamente comunicadas, ya sea en redes p2p ya en servidores para su descarga o para su visionado en streaming. Es la estrategia elegida por la industria, que en lugar de promover una reforma legislativa similar a la francesa o a la inglesa, basada en el corte de la conexión a los usuarios notoriamente infractores, ha creído mejor dirigir sus esfuerzos contra los que la propia industria ha denominado “concentradores”, es decir, aquellas páginas de mucho tráfico que facilitan y sirven de catalizadores para las descargas al facilitar los enlaces.

Y añade con buen juicio:

…, el problema es que no está nada claro que exista tal infracción, porque un enlace no viola directamente ninguno de los derechos exclusivos explícitamente reconocidos por la LPI.

¿Cómo se explica semejante error legal?, es decir, cómo se explica que los expertos de la Comisión Interministerial actúen con esta mala fe, cuando, como dice Peguera:

La industria, en términos maximalistas, ha alegado que el enlace comunica y reproduce. Está claro, sin embargo que con el mero enlace no se realiza reproducción alguna, y difícilmente puede considerarse que constituya un acto de comunicación pública.

Y además, así lo han venido reconociendo los jueces en sus sentencias:

A excepción de una, todas las resoluciones judiciales que han puesto fin al procedimiento, sea civil o penal, han concluido que la actividad de enlazar no vulnera la propiedad intelectual.

Pues bien, es aquí, llegados a este punto, cuando hay que volver al principio de este artículo, a las preguntas ¿quién puede causar el daño patrimonial? y ¿quién se puede sentir perjudicado?, y yo me respondo a mí mismo con esta sencilla reflexión, que parte del hecho de que con este anteproyecto se extiende el concepto de prestador de servicios, que restringía la responsabilidad a las páginas comerciales en virtud de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, a todos aquellos que puedan causar el famoso daño patrimonial, es decir, a todos.

Estoy de acuerdo en todo con Peguera, aunque no creo que el objetivo de esta iniciativa legal del gobierno sean sólo esos pocos sitios Web que se dice por ahí que el ejecutivo pretende cerrar, y muy al contrario, a mi entender, el objetivo son muchos miles de Webs, de las que no se está hablando,  puesto que de aceptarse esta reforma de las leyes españolas que se pretende colar al rebufo de las pretensiones de los llamémosles artistas, se esconde la posibilidad de actuar contra quienes el gobierno entienda que causan un “daño patrimonial” a los titulares de los derechos contemplados en el Artículo 8 de la Ley de la Propiedad Intelectual, los editores de prensa, radio y televisión, propietarios de los susodichos derechos en lo que la ley denomina “obra colectiva”, pues en contra de lo que se suele creer al respecto, los periodistas, fotógrafos y demás colaboradores de prensa, no son titulares de los derechos sobre sus obras.

No comparto el criterio de quienes creen que esto es una mera iniciativa del gobierno, y que la prensa española es neutral en este debate y no está interviniendo en el fondo de la cuestión.

Recientemente, el presidente de AEDE, los editores españoles, Antonio Fernández Galiano, reclamó a la vicepresidenta María Teresa Fernández de La Vega una actuación en este sentido:

Debe protegerse la propiedad intelectual de los creadores de la información frente a los meros agregadores de noticias en Internet. Y queremos que el Gobierno afronte el problema por la vía legislativa.

Y claro, con esta redacción que se propone para la reforma de la legislación española que regula las actividades de los sitios Web, se podría llegar a cerrar cualquier publicación en Internet que incorpore enlaces a noticias, o incluso páginas, cuyos contenidos comerciales se pudiesen ver menoscabados, a juicio de sus titulares, por su difusión gratuita, mediante su reproducción o cita, a través de un enlace de hipertexto.

Hablando en plata, y considerando el problema desde el punto de vista del número de potenciales afectados, los principales perjudicados por esta reforma no son quienes cuelguen enlaces a sitios de descarga, sino quienes utilicen el enlace como instrumento para el debate, la opinión, la crítica y la información libre, al hacer posible que la propuesta de prohibición de estos enlaces que lanzó en todo el mundo el magnate Rupert Murdoch, se haga realidad en España, al considerarse que un enlace puede causar un “daño patrimonial” al editor, que es el titular de los derechos de Propiedad Intelectual que le otorga la legislación española.

La polémica creada a partir de la propuesta de Murdoch, en este enlace.

Esta entrada fue escrita el Viernes, 15 de Enero de 2010 a las 3:45 pm y archivada en Comunicación. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.