El bloguero Enrique Dans difundía este viernes un debate que mantuvo con el abogado José Antonio Suárez en Matinal Cuatro, en el que defiende lo que para mí es la idea más interesante que está sosteniendo, en contra de las pretensiones de las agencias recaudadoras de derechos de la propiedad intelectual, a propósito de la absurda reforma legislativa propuesta por el gobierno, a través de la ya famosa disposición adicional primera del   Anteproyecto de Ley de Eoconomía Sostenible. Según Dans, aquí no se debate sobre la propiedad intelectual, sino sobre el derecho a difundirla a través de soportes digitales, al igual que en su día se discutió ese derecho cuando se comercializaron los sistemas de grabación mediante cinta magnética. La cuestión de los enlaces es más compleja, más difícil de ver, pero sus consecuencias pueden ser aún más dramáticas y empobrecedoras, pues de salir adelante, la Sección Segunda podrá cerrar inmediatamente desde Menéame hasta cualquier blog.

En mi anterior artículo, sostengo -y argumento- que detrás de esta reforma legal se esconde una pretensión más ambiciosa y compleja que el mero control de las descargas de archivos digitales de audio y vídeo en Internet, sino que aquí hay mucho más, puesto que cuando se habla en la disposición adicional de actuar contra quien cause “un daño patrimonial”, se habla de actuar también contra quienes hasta ahora no eran prestadores de servicios que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información definía así:

Todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario. El concepto de servicio de la sociedad de información comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios.

Al borrarse esta limitación legal, como consecuencia de considerar que tras la reforma propuesta se puede actuar contra todo aquel que cause ese famoso “daño patrrimonial”, se abre la veda para que los editores de los medios de comunicación tradicionales puedan pretender cobrar por los enlaces a sus noticias, audios y vídeos, en la misma medida que los productores de las industrias del entretenimiento, que es para los que engañosamente se nos está haciendo creer que se está trabajando, puesto que la propia Ley de la Propiedad Intelectual especifica cómo ampara, en su Artículo 8, el derecho de los editores a la propiedad de todo lo relacionado con sus contenidos:

Se considerá obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada. Salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre.

Cada día que pasa tengo más claro que en este asunto, en España, no se está diciendo la verdad, y es que quien más quien menos, dentro del mundo de los blogueros, todos colaboran con algún periódico, y claro, quien paga manda, pero la evidencia es la que es, y ahí están las informaciones que nos hablan de las reivindicaciones de los editores españoles sobre Google, como primer interesado en el uso de enlaces y entradillas de noticias de prensa, por su servicio Google News, un asunto que viene de lejos, aunque lo puso de Moda Rupert Murdoch con sus reclamaciones de dinero por los enlaces a las noticias de sus medios, una batalla que se recrudece día a día, a pesar de que como en el caso del derecho a la reproducción de la música y las películas, hablamos de medidas desesperadas, que van contra el desarrollo de la tecnología y contra el sentido común, que ponen en cuestión lo esencial en Internet, que es el enlace de hipertexto, el popular “link”.

La veda la abrió en 2005 la agencia France Presse, que se querelló contra Google por utilizar sus titulares e imágenes. Tras años de negociaciones, en 2007 Google firmó un acuerdo con cuatro grandes agencias, entre ellas France Presse y Associated Press por el que adquiría el derecho a reproducir sus contenidos. En el caso de estas agencias a las que paga, Google reproduce sus contenidos íntegros. En un largo procedimiento, los tribunales de Bélgica resolvieron que era ilegal la publicación de titulares y extractos de noticias y en ese caso Google News dejó de operar allí.

En mayo del 2009, la Asociación Europea de Editores de Periódicos, ENPA, de la que forma parte la Asociación de Editores de Diarios Españoles, AEDE, exigió a Google que pagase derechos por usar sus titulares, y en el verano del pasado año, la autoridad italiana de defensa de la competencia anunció que ampliaba su demanda contra Google News Italia. Ahora Italia va más lejos y pretende someter a autorización administrativa previa las Web que emiten audiovisual.

Ahora también se anuncia que los editores alemanes de prensa y de revistas han presentado una denuncia contra Google en la Oficina Federal de la Competencia. Además de las asociaciones de editores también ha recibido una denuncia de la subsidiaria de Microsoft, Ciao, y otra del servicio de cartografía Euro-Cities, por Google Maps.

Zeit Online:

Por supuesto, estamos encantados de explicar a la Oficina Federal de nuestros productos y prácticas empresariales, y estamos convencidos de que se ajusten a las leyes alemanas y europeas”, dijo el portavoz de Google Alemania Kay Oberbeck, que recordó que el Grupo de Internet en todo el mundo en 2009 abonó 4.200 millones de euros a los editores.

Francia está abordando el asunto de una manera diferente, y el estado francés parece apostar por la vía del entendimiento y la negociación con Google, para que la compañía se asocie con el estado en el diseño y el control de la estrategia a desarrollar con el servicio de escaneado de libros Google Books, en defensa del patrimonio cultural francés, y en esa misma línea parece estar el impulso al sitio de vídeos DailyMotion, que compite con YouTube, que Francia considera estratégico para su desarrollo cultural, por lo que no puede extrañarnos que la vecina república esté buscando que Google pague impuestos por sus beneficios, para repartir una cuota de los mismos con los editores de medios, en vez de ir a una actitud loca, como el cierre del servicio, que es lo que acabó ocurriendo en Bélgica, y puede ocurrir en muchos otros países, ante este rosario de denuncias coordinadas de la Asociación Europea de Editores de Periódicos, que ve cómo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero le prepara el terreno para la denuncia en la Comisión de la Propiedad Intelectual, en cuanto esta se constituya.

En nuestro país, como sucede casi siempre, este debate se mantiene en la más absoluta oscuridad, y el cambio de actitud de los editores de prensa ante el conflicto suscitado por los blogueros es evidente, por lo que todo parece indicar que lo que se pretende es dejar la solución de este conflicto en manos de la famosa Sección Segunda, aprovechando el silencio que genera el ruido de las descargas de audio y vídeo, que es lo único que parece preocupar a los jóvenes que dominan la red, con lo que se oculta que desde sitios tan populares como Menéame -que tendrá que repartir sus modestos beneficios con la prensa-, hasta el más humilde blog, tengan o no tengan ingresos, todos se pueden ver cerrados, al aplicárseles el principio del “daño patrimonial” que se causaría a los periódicos, revistas, radios y televisiones con los que se enlacen habitualmente las noticias.

Esta entrada fue escrita el Domingo, 17 de Enero de 2010 a las 6:43 pm y archivada en Comunicación. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.